A pesar de los ecos del luctuoso suceso en el último encierro taurino de Fuentesaúco, los diversos pueblos de la provincia prosiguen con sus calendarios festivos, destinados al disfrute de los vecinos y también al de los miles de emigrantes que regresan cada año, con el estío, a sus tierras de origen. Muchos de esos pueblos incluyen en su programación espectáculos taurinos, una tradición que se mantiene desde hace generaciones y que en el caso de algunas localidades, desde la citada Fuentesaúco a Fermoselle, a finales de agosto, está plenamente identificada con la celebración festiva.
Esa tradición viene amparada, en la actualidad, por un marco legal que en Castilla y León, puesto que hablamos de una competencia autonómica, deben observar con rigor todos aquellos ayuntamientos que incluyan como parte de la fiesta encierros callejeros o en el campo, recortes, capeas, corridas de toros y demás eventos que tengan como protagonista al toro. Aunque las voces antitaurinas se escuchan cada vez más alto, será la sociedad en conjunto quien tenga que valorar y disponer de la evolución de esas tradiciones que, por largas que sean en el tiempo, no son de obligado cumplimiento. Pero esa decisión, insistimos, corresponde a toda la sociedad, y debe ser fruto de la reflexión y de la libertad, sin que existan de por medio coacciones ni amenazas en uno o en otro sentido.
Mientras se sigan celebrando este tipo de festivales deberán observarse por parte de las autoridades y de los participantes todas las medidas que salvaguarden la integridad del público y demás asistentes, así como la protección de la res de lidia, una raza animal que desde los albores de la Historia ha sido el centro de manifestaciones de ocio y recreo. La protección contra el maltrato animal es un paso que caracteriza estados elevados de la sociedad, pero tampoco puede obviarse que este tipo de festejos, denostados ahora por una parte de la opinión pública, ha generado toda una cultura, simbolizado la unión de pueblos y hasta generado fuente de riqueza.
El reglamento taurino de Castilla y León tiene en cuenta, en su redacción, todos estos elementos y explicita la necesidad de "regular la realidad actual", los festejos que se siguen celebrando en innumerables localidades de toda Castilla y León. Hasta ahora, la autoridad administrativa solo ha intervenido de forma indirecta en una de estas celebraciones, la del Toro de la Vega, ante la elevadísima tensión social entre partidarios y detractores que amenaza con estallar con consecuencias imprevisibles. La prohibición de matar a la res en público se ha identificado con el caso más extremo, el de Tordesillas. De ahí que, pese a los temores iniciales, los festejos taurinos sigan celebrándose este verano en los pueblos de provincias como Zamora.
Cualquier argumento teórico, sin embargo, choca de bruces con tragedias como las vividas en Fuentesaúco y algunas otras acaecidas años atrás en este y en varios pueblos más, puesto que no se trata, ni mucho menos, del primer fallecido por asta de toro o por las heridas sufridas en un espectáculo taurino. Son excepciones frente al tono festivo de la mayoría de encierros y capeas. Pero hay que reducir a cero los riesgos, no puede haber ni una tragedia más que cubra de luto lo que deberían ser unas fechas para la diversión. Y ello hace necesario un repaso de todas esas medidas contempladas en el reglamento de la Junta, de cumplimiento obligado y susceptible de aplicarse incluso con mayor rigor si el ayuntamiento en cuestión considera oportuno endurecer las condiciones en que se desarrollan.
Entre otras cosas, la normativa establece las medidas mínimas para garantizar la seguridad de los participantes: los corredores en el recorrido de los encierros, la exigencia de talanqueras y vallas, la de contar con responsables físicos a través de figuras como el director de lidia, los servicios médicos adecuados y la tramitación frente a las autoridades de todos los permisos administrativos. Las sanciones contempladas en los casos muy graves de incumplimiento, que incluyen desobediencia de los corredores a la autoridad o la crueldad con las reses de lidia, pueden alcanzar los 60.000 euros. Todo está sobre el papel, pero ¿qué sucede en la práctica?
En el caso de los festejos populares el control de la organización está sujeto a muchas variables y ese carácter amable que se pretende otorgar a las fiestas de toros puede llevar a laxitudes que se pagan muy caras. La primera, no revisar convenientemente todas las barreras y lugares que pueden aumentar el peligro de tener un toro suelto por calles y plazas. Resulta un tanto inexplicable, por ejemplo, que en el desgraciado caso de Fuentesaúco, que según las autoridades cumplía con todos los requisitos de seguridad, se permita ubicar espectadores en una calle sin salida. Si eso está dentro de lo permitido, está claro que debería revisarse.
Tampoco parecen conjugarse con la seguridad pública asuntos como el toro escapado durante semanas el pasado año en los Espantos de Carbajales de Alba o el más reciente de doce erales, doce, escapados en Matilla de Arzón y que se han paseado a voluntad durante días hasta que un despliegue de la Guardia Civil, helicóptero incluido, permitió localizarlos ya en un pueblo de la provincia vecina de León. Asuntos tan graves ya no riman con ninguna diversión, sino que suponen un peligro manifiesto.
Existen multas conforme a lo dispuesto en el reglamento, aunque pocas veces trasciende si se aplican o no. Y llama la atención que en dicha normativa se observe el comportamiento de los directamente implicados en la lidia, pero no exista un apartado específico destinado a la actitud de los espectadores. Alcohol y juventud suelen ser elementos que se incorporan con facilidad a este tipo de fiestas. La explosiva mezcla puede tener como fruto la irresponsabilidad de parte del público y el resultado, de nuevo, la tragedia. Algo a desterrar del calendario festivo de Zamora. El resto, dependerá de lo que libremente elijan los zamoranos.
