Sea el que sea -si es que es alguno, que se quiere creer que sí, que esta vez sí- el Gobierno que salga de las nuevas elecciones generales celebradas el pasado día 26, tendrá enfrente unos retos muy duros a los que tiene la obligación moral de encarar y tratar de solucionar. Aunque algunos de ellos sean de carácter urgente, como el de las pensiones, hay otros asuntos que son igualmente apremiantes y que después de lo ocurrido en las urnas entre 2015 y 2016 no pueden continuar perpetuándose de ninguna manera. Uno de los principales es la reforma de la actual ley electoral, creada acomodaticiamente en su momento a favor de los partidos, pero que el tiempo y los hechos han demostrado no representativa, desfasada, caciquil y sobre todo injusta y peligrosa para el buen desarrollo democrático.

Hay quienes han llevado este tema en su programa electoral, pero muy por encima, y aunque lleva mucho tiempo tratándose nada se hace al respecto, escudándose unos y otros, aunque unos más que otros, en la reforma siempre pendiente de una Constitución obsoleta. Cierto que algunos partidos han adoptado una especie de democracia interna a base de elecciones primarias, pero ahí está el PP haciendo todo lo contrario, y los demás lo mismo cuando les conviene. Aunque puede que ahora, con todo lo ocurrido y lo que puede ocurrir todavía, algunos le hayan visto las orejas al lobo, por más que se resistan a dotar a los electores del legítimo poder que les corresponde dentro del proceso electoral. Desde luego, no se puede seguir con unas normas semejantes, como denunció horas después de conocerse los resultados el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, el más perjudicado en esta ocasión.

No puede continuarse votando a partidos en vez de a personas, ni las listas pueden ser como siguen siendo cerradas y bloqueadas, ni la posibilidad de representar al pueblo puede quedar en manos y dedos de los gerifaltes de los partidos, ni que a la hora de presentar las candidaturas un 50 por ciento o más de ellas tengan ya un puesto seguro en las cámaras. O hay un vuelco en este sentido o se irá a peor cada vez, con gente que ha hecho de la política su medio de vida dentro del gran aluvión de mediocridad y corrupción que se ha impuesto en el ámbito de la vida pública. No cabe ser optimista en este sentido, sin embargo, pues parece que los nuevos partidos participan gustosamente de una situación favorecedora que les garantiza los privilegios del poder cuando acceden al mismo, caso de los empleos a sus familiares y compañeros, como se ha visto en la mayoría de los nuevos ayuntamientos.

Los diputados solo representan a los electores teóricamente, porque en realidad, bajo esta interesada fórmula, solo sirven a sus partidos, a los caciques que les mantienen o meten en las listas, garantizando su buen pasar por cuatro años y puede que ya para siempre aunque nada hagan salvo apretar el botón que les mandan. La oposición en esta legislatura va a ser muy fuerte, puede incluso que mayoritaria y esto debiera darles alas para abordar estas y otras tantas importantes cuestiones pendientes que el bipartidismo ha inmovilizado siempre por la cuenta que les ha tenido.