Mucho ruido mediático, qué casualidad, en plena campaña electoral y a pocos días de la jornada electoral, está generando el audio de una conversación celebrada en el despacho oficial del ministro del Interior, entre Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Reunión calificada de "normal" incluso por periodistas de izquierdas como Tony Bolaño, celebrada días antes de la pseudoconsulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Una consulta a todas luces ilegal, por mucho que los independentistas catalanes quisieran disfrazarla y contra la que bramó la práctica totalidad de España, la misma que ahora se rasga las vestiduras. Lo que no tiene sentido alguno es que la grabación se efectuara hace dos años y se conozca justamente ahora.
Lo realmente grave no está en el contenido del audio, porque si "conspiración" hubiera habido, como sostiene el diario Público, lo que en ella se dice habría saltado a la palestra hace dos años. Y sin embargo nada hemos sabido de la posible prevaricación del conseller Homs, justo hasta este momento, entre otras muchas cuestiones. Lo realmente grave y en lo que todos deberían incidir, especialmente los líderes políticos que han encontrado carnaza para batir al único enemigo que todos parecen querer abatir, es decir, el Partido Popular, es en lo ilegal de la grabación, porque entonces le tocó a Fernández Díaz, pero puede que en un futuro le toque a otro y a ver entonces cómo respira ese otro.
¿Cómo es posible que se hayan podido instalar micrófonos en el despacho oficial de todo un ministro del Interior, con la carga que ese ministerio supone? ¿Quiénes están reventando el país? ¿Quiénes quieren cambiar el rumbo de los acontecimientos? Ya sucedió una vez y los españoles no podemos prestarnos tan tranquilamente a que suceda de nuevo. Y si las grabaciones se realizaron con artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido, que se busque al culpable o culpables porque la Justicia dice que quienes realicen actos semejantes deberán ser castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Es muy grave lo que ha sucedido. La gravedad no está precisamente en el contenido, sino en el continente.
Los partidos catalanistas han escupido toda su inquina hablando de las "cloacas del Estado", de la "animadversión del Gobierno de España a Cataluña", han cargado las tintas y se han puesto los ropajes de víctimas. A lo mejor no saben que quien es el guardián de miles de secretos que les afectan a ellos y a los demás y que en 2011 asumió la dirección del organismo catalán de lucha contra el fraude fue propuesto por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ahora se hace el longuis y si te he visto y te he nombrado no me acuerdo. Lo que pasa es que tanto CDC como ER están pillados por la cantidad de mierda en la que se hunden y que pasa por todo lo que han rapiñado desde Pujol hasta nuestros días. Que se ha buscado el daño electoral al PP es tan cierto como que hoy es viernes.
