El Grupo de Enlace con la Sociedad Civil del Consejo Económico y Social (CES) acaba de hacer público su último informe en el que sus integrantes, un conjunto de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, proponen, entre otras cosas, una serie de medidas destinadas a la sostenibilidad del mundo rural. Además de un debate sobre el modelo agrícola, plantea un cambio de planteamiento energético "hacia una energía sostenible y respetuosa con la naturaleza" que contribuya al desarrollo de los pueblos de la comunidad de Castilla y León.
En el caso de Zamora, la provincia ha contribuido más que de sobra a un modelo energético que, décadas después del NODO, todavía es considerada por Red Eléctrica como la "joya de la corona", en cuanto a productividad y limpieza medioambiental. Las centrales hidroeléctricas han generado este año en la provincia récords históricos de producción porque la naturaleza ha sido generosa en lluvias y ha llenado los embalses que, en otros tiempos, anegaron fértiles valles en nombre de un progreso que, sin embargo, se aleja cada vez más de su tierra de origen. Hasta el mes de mayo, la provincia, segunda potencia hidroeléctrica del país, generó una energía de 1.498 millones de kilovatios a la hora. Con respecto al año pasado supone un 57,5%, más de un 60% si se contabiliza toda la cuenca del Duero.
Algo habrá tenido que ver esa producción en las cifras de recuperación económicas apuntadas de forma reiterada por el Gobierno en funciones, que aquí se muestran aún remisas. Sin embargo, la repercusión directa de esta posición que pudiera ser tomada como referencia a la hora de evaluar el potencial del campo zamorano, es prácticamente nula. Desde que la aparición del IVA fulminara el canon energético, los municipios afectados, unidos ahora en una asociación, chocan continuamente contra el muro legislativo y judicial a la hora de reclamar más allá de los impuestos reglamentarios como el IBI que genera mayo recaudación, sí, pero, ¿qué representan los 50.000 euros a repartir, por ejemplo, entre los pueblos afectados por el embalse de Ricobayo después de la revisión catastral frente a los millonarios balances de las compañías que explotan las presas? Esas cantidades no son capaces de cubrir esas necesidades que apunta en el mencionado informe del CES, que reconoce las "carencias específicas" del ámbito rural tanto en equipamientos como en otros servicios básicos.
La Asociación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas, reunida esta semana en Mombuey, espera la constitución de un nuevo Gobierno al que plantearle sus reivindicaciones. Además de las revisiones catastrales, exigen un impuesto de actividades económicas (IAE) conforme al índice de situación de la empresa y, sobre todo, que las compañías abonen tasas por el aprovechamiento de suelos, vuelos y subsuelos para la instalación de sus infraestructuras de distribución y suministro de la corriente eléctrica desde los centros de producción a los puntos de destino.
Las ordenanzas reguladas por los distintos ayuntamientos en este sentido han sido rechazadas de plano por los tribunales de Castilla y León, pero los regidores quieren ver un punto de luz en los fallos favorables que se han emitido por parte del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad vecina de Extremadura.
Poco se está oyendo hablar de medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento en los pueblos durante la campaña electoral. Mucho, sí, sobre el empleo, sobre la posibilidad de crear millones de puestos de trabajo, aunque con escasa concreción por parte de los candidatos. Para los regidores de pueblos con embalses se presenta la gran oportunidad de preguntar directamente a los candidatos si en sus agendas han previsto algún tipo de medida relacionada con una situación arrastrada durante décadas. Porque el empleo es la única herramienta capaz de fijar población y porque resulta legítimo recompensar a toda una zona inundada y esquilmada por la emigración, ajena a nuevas vías de comunicación e información, aislada. Y hasta puede decirse que vilipendiada. El centenar de pueblos de la Raya en Aliste ha tenido que buscar sus propios medios cuando, el pasado diciembre, fue suprimida la brigada de mantenimiento y averías de las líneas eléctricas.
Para colmo, en la vecina Sayago, una comarca también marcada por el aprovechamiento hidroeléctrico, la caída de un árbol causó un apagón que se prolongó durante nueve horas hasta que el servicio fue restablecido. ¿Qué empresario es capaz de hacer frente a una situación de aislamiento semejante? ¿Imaginan cuál hubiera sido la reacción si el apagón de nueve horas lo hubieran sufrido los negocios y hogares a los que desde aquí se surte la energía para que funcionen? Desde luego no hubiera sido la de la paciencia de los más de 700 afectados en el oeste zamorano que, por cierto, pagan exactamente lo mismo en sus facturas de la luz que cualquier usuario de Bilbao, Barcelona o Madrid. Ninguna ventaja por ser productores, esa es la realidad por mucho que intenten vestirla con una legislación adecuada, aunque por el camino hayamos tenido que tragar vacaciones fiscales y otras prebendas puestas en marcha por comunidades autónomas con el beneplácito o con la complacencia de mirar para otro lado de la Administración central.
Si la discriminación positiva es posible en otros ámbitos, al igual que se aprobaron leyes como la de la paridad de sexo en los consejos de administración empresariales, interviniendo directamente en la gestión de negocios privados, ¿qué argumentos sostienen ahora la imposibilidad de obtener rédito económico y social por una producción autóctona indispensable para el funcionamiento de todo un país? Los candidatos tienen todavía una semana para dar respuesta a preguntas como esta.
