Lo acaba de reconocer públicamente el subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo: "Los robos en las iglesias exceden lo asumible". Y evidencian la inseguridad en la que vive la población rural, habría que añadir. Más de cincuenta templos de la provincia han sido asaltados desde marzo, algunos dos veces, lo que supone seguramente un récord negativo difícil de superar. Lo robado no es de mucho valor y se limita, en la mayoría de los casos, a pequeñas cantidades guardadas en los cepillos, pero sí que son cuantiosos los daños en puertas y otras estructuras. Y lo que es seguramente peor, el clima de miedo que estos actos de violencia están extendiendo en los pueblos, cada vez más vacíos. El mapa de los asaltos se concentra en las comarcas del oeste de la provincia, principalmente Aliste y Sanabria, pero también se ha dado algún caso en Tábara, Alba, Tierra del Pan y Los Valles de Benavente. El "modus operandi" que utilizan los ladrones es el mismo: actúan de noche, cuando las localidades están más desvalidas. Rompen puertas y todo lo que les ponga por delante y se llevan el dinero que encuentran. De momento han respetados imágenes y tallas, sin duda difíciles de vender, y lo que se han llevado son coronas y algunos objetos de ornamento.

La Subdelegación del Gobierno lleva meses reforzando la vigilancia, pero sin resultados positivos. La Guardia Civil busca a una banda organizada, que sería la autora de la mayoría de las acciones. Los asaltos, que se iniciaron el año pasado en la comarca alistana, no cesan. Al revés, se han incrementado de forma importante. No se entiende que el organismo responsable de las fuerzas de seguridad en la provincia solo reconozca 27 asaltos desde marzo, cuando los hechos son tozudos y las acciones delictivas han quedado puntualmente reflejadas en este periódico a lo largo de los últimos dos meses y medio.

No vale tampoco intentar tranquilizar a la población asegurando que las investigaciones están muy avanzadas y que los controles son cada vez mayores. Los vecinos de los pueblos zamoranos piden resultados porque se sienten inseguros viviendo en un ámbito que ya de por sí no ofrece las mismas oportunidades que las ciudades. Esta ola de robos no juega a favor del prestigio del que siempre han gozado las fuerzas de seguridad en el ámbito rural. Resulta casi cómico, si no fuera muy grave que alguien pueda robar la campana de una iglesia seguramente utilizando una grúa, como ocurrió en Carracedo de Vidriales la madrugada del 28 de abril.

Los vecinos temen, y así lo han manifestado, que después de las iglesias los ladrones se vayan a cebar con las viviendas. Los asaltos también han afectado a algunas casas consistoriales, entre ellas las de Ferreruela, Tábara, Rábano de Aliste, Puebla y Palacios de Sanabria. No se han librado tampoco algunos domicilios particulares y fincas aisladas. Los cacos no se comprometen y, hasta ahora, han actuado siempre exponiendo lo mínimo, buscando los edificios más solitarios y deshabitados.

Los sacerdotes que integran el Arciprestazgo de Aliste han decidido tomar medidas por su cuenta para evitar más destrozos en los templos. Ya han anunciado que dejarán lampadarios y cepillos abiertos, retirando el dinero recogido inmediatamente después de cada misa. Los religiosos creen que existen varias bandas organizadas, que conocen muy bien el terreno en el que se mueven, y que se han extendido como una "mancha de aceite" desde la frontera con Portugal hasta el ámbito territorial de pueblos de la Diócesis de Astorga.

La reunión de mañana entre el subdelegado del Gobierno, Jerónimo García Bermejo, y representantes de la Diócesis de Zamora, el arciprestazgo de Aliste y municipios de las comarcas afectadas debe servir para tranquilizar a la población. Y eso solo se puede conseguir con resultados y con el refuerzo, de verdad, del operativo de control. Los ladrones tienen que ser detenidos, notar que la vigilancia es mayor, que lo tienen cada vez más difícil para seguir delinquiendo gratis.

El ámbito rural zamorano, cada vez más envejecido, está perdiendo población a borbotones. Es verdad que esta circunstancia lo hace más vulnerable a los asaltos y los robos, pero, precisamente por eso, es imprescindible que la Administración redoble la vigilancia, lo que servirá para tranquilizar a quienes viven en los pueblos, alarmados por una situación de inseguridad insostenible. Que nadie se lleve después las manos a la cabeza porque la provincia pierda una media anual de 3.000 habitantes, la mayoría en los pueblos pequeños. Si las posibilidades de desarrollo económico en el mundo rural son menores y la seguridad empieza a estar en entredicho, el caldo de cultivo de la despoblación está servido.