editorial

La rehabilitación de vivienda, una urgencia para paliar el deterioro urbano de Zamora

15.05.2016 | 02:14
La rehabilitación de vivienda, una urgencia para paliar el deterioro urbano de Zamora

El deterioro urbanístico en ciudades y pueblos de la provincia parece acompañar a la progresiva decrepitud demográfica: casas en ruina que se caen, afortunadamente sin daños personales porque se encuentran vacías. Cuando la climatología, además, se muestra inclemente con exceso de lluvias o viento, los desprendimientos de cornisas, derrumbes parciales o totales, además de accidentes que representan un serio peligro para la seguridad pública, ponen negro sobre blanco las deficiencias y lagunas en las que ha venido incurriendo, sistemáticamente, una política urbanística empeñada más en el dinero rápido de las recalificaciones de terrenos olvidando el parque de viviendas antiguo que se iba deteriorando sin remedio.

Ejemplos sobran en la capital, donde ocurre de forma continua en barrios degradados como La Horta y, esta misma semana, en la avenida de la Feria. Pero también ocurren en ciudades con un patrimonio de arquitectura civil de relevancia como Toro, donde cada vez son más evidentes los abandonos en forma de solares o de edificios vacíos, además de Benavente y, desgraciadamente, casi en cada punto de la dispersa geografía zamorana.

En 2009 la Junta de Castilla y León aprobó la primera normativa que obligaba a la inspección técnica de aquellos edificios que tuvieran más de 40 años de antigüedad, pero en Zamora nunca se desarrolló una ordenanza que regulara la aplicación de la ley. Solo en la capital zamorana, la obligatoriedad de la revisión afectaba a 2.500, pero apenas un 10% había cumplido con la denominada ITE tres años después de su implantación.

Ello, a pesar de que un estudio realizado desde el Ayuntamiento en ese mismo año, 2012, revelaba que casi un millar de inmuebles de la ciudad se encontraba en estado de ruina, malo o deficiente. En otras palabras, ya hace cuatro años que una de cada diez viviendas de la capital requería una rehabilitación urgente. Y en los pueblos del alfoz se repetía la misma situación para cerca de trescientas casas. La situación, en este tiempo, no ha hecho otra cosa que ir a peor.

La nueva reglamentación de la Junta de Castilla y León reafirma la obligatoriedad de realizar la Inspección Técnica de Edificios en todos los municipios mayores de 20.000 habitantes, lo que supone que en Zamora quedaría directamente afectada la capital. Pero la norma, además, se extiende a las poblaciones de más de 5.000 habitantes de uso residencial colectivo y a todos los que disponen de Plan General de Ordenación Urbana. Como mínimo quedarían, pues, incluidas Benavente y Toro. En la última exposición de la ley, el pasado mes de marzo, durante una jornada en León, se dieron a conocer los datos de inspecciones realizadas en los distintos ayuntamientos. El de Zamora fue uno de los que no aportó ninguno. La razón estriba, al parecer, en esa ausencia de protocolo reconocida por el concejal de Urbanismo esta pasada semana, a raíz del último derrumbe en la avenida de la Feria.

Las rehabilitaciones en casas antiguas, sobre todo en el casco histórico, perdieron definitivamente fuelle durante la burbuja inmobiliaria, que propició un crecimiento artificial de los municipios con la construcción de urbanizaciones alejadas del centro, de costoso mantenimiento en cuanto a servicios públicos. Y ahora nos encontramos con un problema de gran envergadura, puesto que a los inmuebles construidos hace décadas hay que sumar el deterioro de los que quedaron vacíos por efecto de la recesión económica. Solo en Zamora capital hay 6.000 viviendas vacías. De ellas, 2.800 nunca llegaron a ser vendidas. Languidecen en urbanizaciones fantasma que generan altos costes a los que sí compraron y ocuparon alguno de los pisos.

La rehabilitación es una de las vías contempladas por la patronal de la construcción para recuperar algo del sector que, en su día, fue uno de los más pujantes de la economía zamorana y que ha visto caer a decenas de empresas y miles de puestos de trabajo en los años más duros de la crisis. El ahora alcalde, Francisco Guarido, aseguró hace un año, justo durante la campaña electoral, su intención de potenciar la recuperación y rehabilitación de viviendas vacías. En la misma línea que la patronal de los constructores explicaba entonces que la rehabilitación generaba tres veces más puestos de trabajo que la obra nueva. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Romualdo Fernández, que sí reconoce la necesidad de poner en marcha el protocolo de actuación para los inmuebles de mayor antigüedad, aseguraba que, por ahora, el Ayuntamiento no tiene previsto o en marcha ningún plan específico, aunque sí dar publicidad a los beneficios que comportan para los propietarios las obras de rehabilitación. Entre otras, la del ahorro energético de hasta un 40% para los hogares, algo nada despreciable teniendo en cuenta las tarifas de gas y luz que colocan a nuestro país entre los más caros del entorno.

La Junta de Castilla y León, por su parte, tiene en marcha líneas de subvenciones destinadas tanto a sufragar parte del coste de las inspecciones, uno de los motivos por los cuales los propietarios desisten de cumplir con la obligación legal, como a la rehabilitación en el caso de edificios anteriores a 1981. Además, existen las áreas especiales de actuación puestas en marcha ya en Los Bloques de Zamora, junto a otros pueblos de la provincia como Castroverde de Campos. A pesar de ello, no siempre las operaciones tienen el resultado realmente beneficioso, como prueba el caso de El Ferial en Benavente, en el que los inquilinos tienen que enfrentarse a un tratamiento fiscal poco favorable si optan a las subvenciones habilitadas para reformar sus pisos.

Los constructores ponen sobre la mesa otras fórmulas: beneficios fiscales o la concesión de microcréditos que contribuyan a reactivar un mercado, el de la construcción civil, en línea plana desde hace tiempo. La inversión en rehabilitaciones en España está cinco veces por debajo de lo que es común en Europa, teniendo en cuenta el fuerte apego a la propiedad que es característico de la sociedad española frente al resto del continente.

Lo que está claro es que resulta necesario recuperar empleo en la construcción, lo que raramente esto podrá ocurrir a través de obra nueva en muchos años. Ello conlleva un replanteamiento de las políticas urbanísticas de las últimas décadas. Incentivar la rehabilitación supone, por un lado, racionalizar los espacios urbanos y la creación de puestos de trabajo por otro. En definitiva, crear ciudades más cómodas, más seguras y más baratas de mantener para el erario público.

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