El 20D. Algunas lecciones desde la distancia

La primera es una lección de normalidad: como sucede en cualquier sistema político de corte parlamentario, puede darse la situación, tal y como ha ocurrido, de que en el plazo de tiempo establecido el Congreso no otorgue su confianza a ninguno de los candidatos que proponga el rey y que, por lo tanto, las Cortes sean disueltas sin haber otorgado su confianza a un presidente. Se trata de una situación que no es deseable porque paraliza la acción política del Gobierno, pero no hay que dramatizarla porque lo queda en funciones es ese impulso político del Gobierno, pero no la tarea que desarrolla la Administración. De esta manera, los ciudadanos siguen viendo garantizado el ejercicio de sus derechos por parte de esa Administración que, profesional, no deja de funcionar por tener un Gobierno en funciones: la policía sigue investigando, los médicos del sistema público de salud siguen pasando consulta y los maestros siguen impartiendo sus lecciones.

Pero ya decimos que se no se trata de una situación deseable porque se paraliza el impulso político del Gobierno, y España tiene (como cualquier otro país de nuestro entorno político y cultural) demasiados retos como para paralizar esta acción política durante demasiados meses. Por eso señalo que otra de las lecciones que podemos aprender es que las disposiciones que nuestro constituyente diseñó en el artículo 99 de nuestra Carta Magna han funcionado solo de manera parcial. Está muy bien no cerrar el formato de elección, de manera que las élites políticas pueden negociar sin un esquema excesivamente rígido y predeterminado, pero lo que se ha demostrado es que el plazo de tiempo establecido en el artículo 99.5 quizá sea excesivo. Hay que tener en cuenta que cuando se redactó la Constitución, nuestros constituyentes no tenían experiencia previa para saber si ese tiempo era mucho o poco en el caso de que ningún candidato obtuviera un resultado concluyente en las elecciones. Si echamos la vista atrás y analizamos el tiempo transcurrido desde que se convocaron las elecciones a través de un Real Decreto publicado en el BOE el 27 de octubre, nos damos cuenta de que el Gobierno entró en funciones el 20 de diciembre y así continúa, cuatro meses después. Si consideramos que la norma establece que han de transcurrir al menos 54 días hasta la convocatoria de las elecciones, y que la constitución de las Cortes no tendrá lugar hasta al menos tres semanas después de celebradas las elecciones, es posible que no tengamos constitución de un Gobierno, si ello fuera posible, antes de finales del mes de julio. Eso significaría al menos siete meses de Gobierno en funciones. Pero no es solo eso, hay que tener en cuenta que los órganos del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado es posible que fueran nombrados a lo largo del mes de agosto, pero que los niveles que ya no forman parte en sentido estricto del Gobierno (como los Directores Generales) no estarán terminados de nombrar al menos hasta septiembre en el mejor de los casos. Esto supondría que a lo largo de un ciclo de prácticamente un año, hayamos estado con un Gobierno en funciones.

Es razonable pensar por lo tanto que se podría acortar el tanto el plazo de dos meses para formar Gobierno, dejándolo en cuatro o cinco semanas como mucho, y que se podría también establecer que en caso de una disolución de las Cortes sin haberse formado Gobierno, las siguientes elecciones tengan lugar apenas tres o cuatro semanas después, y no con más de dos meses de diferencia. Por cierto que si las elecciones ofrecen un resultado similar cuantitativa y cualitativamente similar, será interesante destacar entonces que el artículo 99.1 señala que lo que hace el rey después de las consultas es proponer un candidato a presidente. No dice diputado, dice candidato. Que, aunque es parecido, no es lo mismo.

(*) Director de Operaciones de Sigma Dos