La Plataforma contra la ley Montoro y en defensa del mundo rural de Zamora, ante el escandaloso silencio del Gobierno en funciones, y del presidente provincial del PP en Zamora, quiere dejar claro ante la opinión pública que la sentencia del Tribunal Constitucional rechaza por inconstitucional la pretensión del Gobierno de asignar competencias municipales a las comunidades autónomas (Servicios Sociales, Sanidad y Educación) como pretendía con la Ley de modernización de la Administración Local, más conocida popularmente como la ley Montoro. A la par le dice al Gobierno que tampoco es competente a la hora de suprimir entidades locales menores y juntas vecinales. Y finalmente: que regule conforme a Ley las anómalas relaciones financieras con las comunidades autónomas, a quienes facilita retener financiación si se produce un incumplimiento de las obligaciones contraídas con los ayuntamientos que al final son los que resultan perjudicados al no recibir lo que les corresponde de cualquiera de las vías previstas. Políticamente hablando el Constitucional acaba de una vez con las pretensiones de desposeer a los ayuntamientos de las competencia sociales, lo que les degradaría a ser meros gestores del resto de servicios, es decir, la coartada perfecta para poner estos servicios en manos de las empresas privadas que "cogestionarían" con las diputaciones provinciales: En definitiva, el expolio y la expropiación encubierta de todo su patrimonio.

A la vista de esta sentencia del Tribunal Constitucional, y lo que de ella se deduce para el resto de los recursos presentados por diferentes comunidades autónomas y los más de 3.000 ayuntamientos de toda España, la Plataforma contra la ley Montoro y en defensa del mundo rural de Zamora se suma a la petición realizada por el actual presidente de la FEMP, para que el Gobierno derogue la actual Ley de racionalización y modernización de la Administración Local, después de extenso estudio de los servicios jurídicos de la propia FEMP. Si por el contrario son ustedes los responsables de decidir mantener pese a todo la actual Ley, les pedimos nos aclaren los siguientes extremos:

1º.- Este baile de competencias entre administraciones ¿quieren cerrarlo como se ha pretendido con esta Ley, potenciando las diputaciones, o como defiende la Junta de Castilla y León en la Ley de Ordenación del Territorio, trasladando a las Unidades Básicas de Ordenación de los Servicios del Territorio (UBOST), el epicentro de la prestación de servicios en el mundo rural? ¿Van a seguir negando la urgencia de reformar la Constitución o precisan aclararse con anterioridad?

2º.- De continuar adelante con la Ley, ¿cómo van a lograr la fusión de los ayuntamientos? ¿Por la vía de los "estímulos económicos" que no vemos en la vigente Ley de Financiación Local y Autonómica, o por el salto de obstáculos a que se les somete a los ayuntamientos de forma encubierta?

3º.- Ambas leyes, la de Montoro y la de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ¿tienen algo que ver con la despoblación o siguen vigentes los pronunciamientos del Plan contra la Despoblación de la Junta de Castilla y León que afirma, en síntesis, que "nada pueden hacer por corregirlo porque no es un problema exclusivo, sino de todo el mundo desarrollado"?

4º.- ¿Por qué hay comunidades autónomas, como Aragón y Castilla La Mancha, que pese a tener similares problemas de despoblación que nosotros acaban de poner en marcha la Asociación Vertebro de lucha contra la despoblación para captar recursos comunitarios a través de Unidades de Inserción Interterritorial, (ITI)? No nos consuela que Castilla y León se haya sumado a otras comunidades autónomas del norte de España para plantear en la Comisión Europea el problema de la despoblación.

5º.- Su aversión a la "ordenación de los territorios y las personas", y no solo de los servicios que es lo que ustedes hacen, nos sigue dejando fuera de juego de cara al futuro, desde que enterraron en el 2001 el Plan de Ordenación del Territorio de José Luis González Vallvé. Prefirieron entonces, y aún siguen, el clientelismo político de las viejas diputaciones en lugar de solucionar el problema de las personas. ¿No será ya el tiempo de dejar que nuevas ideas y personas tomen el rumbo de la comunidad autónoma? En Villalar nos volvieron a "mecer con cuentos".

(*) Miembro de la Plataforma contra la ley Montoro