El reparto discriminatorio de los fondos de compensación han hecho saltar las alarmas en Zamora ante lo que algunos interpretan como un desaire por parte de la Administración regional. Por si hicieran falta mayores explicaciones a lo que el enunciado evidencia: Fondo de Compensación Territorial, la Constitución Española, en su artículo 158.2, señala que la finalidad del mismo es la de "corregir desequilibrios interterritoriales y de hacer efectivo el principio de solidaridad". Principio que reclaman para el conjunto de Castilla y León de forma justa y reiterada las autoridades regionales.

Ante semejantes argumentos cabría esperar que la Junta autonómica predicara con el ejemplo y que el reparto entre las provincias se realizara atendiendo, justamente, a los desequilibrios evidentes que existen entre los diferentes territorios. Sin embargo, más allá de la denuncia política puntual de la oposición, ha sido el propio presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, nada sospechoso, en principio, de tendencias partidistas, el que, en este mismo diario hace una semana, ponía las cifras blanco sobre negro y confirmaba la denuncia realizada días antes por un procurador socialista soriano. Las dos provincias con más problemas de desarrollo económico de la región, Zamora y Soria, por este orden, son las que menos dinero han recibido a cargo de este fondo.

Las cantidades repartidas en el lustro transcurrido entre 2009 y 2013, mostraban la realidad con la misma e inaudita tozudez: Burgos y Valladolid, es decir las dos provincias más industrializadas, además de León y Salamanca, fueron las que se repartieron la mayor parte del pastel. La Ley de Presupuestos Generales del Estado especifica las comunidades que resultan beneficiarias atendiendo a su menor desarrollo, aquellas cuya renta por habitante resulta inferior al 75% de la media comunitaria, que coincide con los criterios establecidos por la Unión Europea para determinar aquellas regiones consideradas Objetivo 1.

En Castilla y León, la diferencia de las rentas zamoranas, por debajo del límite establecido por Bruselas, permitió que la región permaneciera entre las más beneficiadas por los fondos estructurales a pesar de que las provincias más ricas superaban con creces ese 75%. Y lo mismo que sucedió, como se denunció reiteradamente, con el reparto de las ayudas europeas, ocurre a mayores con el mencionado Fondo de Compensación.

A la vista de los datos, los argumentos esgrimidos desde la Junta de Castilla y León se antojan, como mínimo, pobres, y en nada justifican lo injusto del reparto. La Consejería de Economía expone que se trata de una partida pequeña que para 2016 alcanza los 19,5 millones de euros, así como que el reparto se realiza no de forma provincializada, sino por proyectos, cuyos destinatarios para este año se desconocen aún. Dejando de lado que los momentos que atraviesa Zamora no permiten considerar como calderilla esos 19,5 millones, lo evidente es que no se atiende al principio que rige la filosofía de ese fondo: ni existe solidaridad ni se corrigen desequilibrios manifiestos.

Los agentes sociales zamoranos no tardaron en poner el grito en el cielo a la vista de lo que consideran una nueva discriminación y han solicitado la modificación del sistema de reparto de las cuantías, así como la posibilidad de gestionar la cantidad que corresponda desde la propia provincia afectada.

La vicepresidenta de la Junta, la zamorana Rosa Valdeón, salió al paso de la polémica instando a los agentes sociales a que presentaran sus propios proyectos. Bien, solo que de nuevo nos vemos metidos en el mismo bucle en el que llevamos décadas. Lo último que necesitamos es que se constituyan, como algunas voces proponen, más grupos de estudio y de trabajo cuyo resultado efectivo nunca acaba de concretarse. Nos sobran ejemplos en el pasado.

Asegura Valdeón que la corrección de desequilibrios necesita, primero, partir de una nueva ordenación territorial, el que dibuja la norma aprobada por la Junta que no termina de arrancar entre polémicas y desacuerdos, a veces entre instituciones del mismo partido, léase diputaciones, a pesar de las llamadas pacificadoras del propio presidente Juan Vicente Herrera. A continuación de ese ordenamiento llegaría el tan anunciado Plan de Reindustrialización cuyo contenido, según los mandatarios autonómicos, constituirá un incentivo para provincias como Zamora.

Solo que si el ritmo es el mismo que viene marcando el primer paso, el mapa de ordenación, puede que para cuando esté listo el plan para reindustrializar la provincia tenga que aplicarse sobre el desierto. Esa es, al menos, la tendencia que sigue dibujando de forma machacona la estadística demográfica. Por tanto, mientras que se marcan nuevos tiempos, resulta de justicia esos nuevos criterios de reparto que reclaman los agentes sociales zamoranos.