Ya se comentó y se alabó aquí, en su momento, la medida puesta en marcha por la Junta de Castilla y León para evitar desahucios, que entonces tanto proliferaban, una medida que se unía a otras de carácter social. Ahora, y conocidos los resultados hay que aplaudir la labor que en ese sentido viene llevando a cabo el Gobierno regional por parte, principalmente, de su consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aunque otras áreas hayan colaborado activamente en la mejora conseguida.

El hecho concreto, ha explicado Alicia García, titular de la Consejería, es que las gestiones de apoyo integral a los afectados por riesgo de desalojo de sus viviendas se ha resuelto favorablemente en todos los casos de los que la Junta ha tenido conocimiento y en los que ha intervenido. Incluso se cuenta con un número de teléfono, el 012, al que las personas que precisen de cualquier apoyo en el ámbito social y humano pueden y deben recurrir, como ha recordado la consejera, pues ello sirve para que toda una red asistencial y de intervención se ponga en funcionamiento.

Es un éxito que vuelve a demostrar, como anteriormente en los tiempos de Rosa Valdeón en el cargo, preocupación y sensibilidad: que los problemas de los gobernados no les son ajenos a los gobernantes. Así tiene que ser. Porque además no se trata de casos aislados sino que han sido y siguen siendo muchas las situaciones resueltas, no solo a través de negociaciones con las entidades bancarias sino adoptando igualmente una amplia gama de recursos de todo género y arbitrando soluciones eficaces e inmediatas en aquellos casos extremos en los que por unas u otras causas no se materializó ninguna posibilidad de acuerdo. La muestra mejor es que otra Consejería de la Junta, la de Fomento, cuyo titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asistió también a la rueda de prensa celebrada en Valladolid el otro día, ha cedido 126 viviendas a familias amenazadas por un desalojo inminente.

Ha habido una voluntad firme de solucionar los casos presentados y para ello no se han regateado esfuerzos por parte de los funcionarios de la Junta que han llevado a cabo todos los arbitrajes necesarios con las entidades financieras, buscando la reestructuración de la deuda, lo que se consiguió la mayoría de las ocasiones, la dación en pago, la venta de la vivienda, y otras fórmulas, pero consiguiendo de todos modos la suspensión del previsto lanzamiento y la retirada de la demanda. Y no se trata de uno ni dos casos, en tres años, sino de 3.450. En Zamora, 238. Números que asustan y que dan cuenta de la dura realidad que ha supuesto la crisis para amplias capas de población de Castilla y León.

A la dramática situación de no poder pagar los plazos de la casa adquirida se llegaba, en la mayor parte de las veces, como consecuencia del paro, por lo que se detectaban otras necesidades que la Consejería de la Familia ha tratado de ayudar a resolver a través de su red de servicios sociales, incluidas las rentas garantizadas de ciudadanía. Una encomiable tarea, en suma, con la que algo se ha paliado el efecto aunque no se pueda acabar con la causa.