Pocos, por no decir casi nadie, pueden dudar de la necesidad de un instrumento tan eficiente en Castilla y León como es el Diálogo Social. Más allá de representar una herramienta válida para aunar esfuerzos en aquellas materias que más afectan a las personas -el empleo, la vivienda, la economía o la formación son solo algunos ejemplos-, supone todo un vínculo de cohesión y de estabilidad institucional entre la Junta y los agentes sociales en unos años en los que, precisamente, dialogar ha sido, y sigue siendo, la única vía inteligente para llegar a acuerdos y, además, elevarlos a rango normativo superior.
Sin embargo, en esta región tan extensa y plural somos muy dados a multiplicar por nueve (o a dividir, según se mire) aquello que huela a comunidad autónoma, hasta el punto de que, tras un simple repaso a lo publicado estos últimos días, nos encontramos con una especie de inusitada carrera entre ayuntamientos y diputaciones por ver cuál de ellos constituye la mejor Mesa del Diálogo Social o, incluso, el mejor Plan de Empleo. No digo que los recursos propios de las administraciones locales no tengan que ir dirigidos a mitigar también los efectos del desempleo -ojalá sea así y sin ningún tipo de fisuras-, pero convendrán conmigo en que, si esos fondos provienen en gran medida de la propia Junta, lo más normal sería su canalización con criterios de equidad entre los propios territorios que conforman Castilla y León.
Una vez más sucede que la tarta regional la troceamos nosotros mismos en nueve pedazos a las primeras de cambio y, si fuera posible, en tantos trozos como comarcas haya. De ahí que casi tenga que darles la razón a quienes sostienen, no sin cierta sorna, que el enclave comercial "Río Shopping" de Valladolid ha hecho más por la unión de los castellanos y leoneses que ninguna ley. Y cierto es a poco que uno se dé una vuelta por este vasto centro que suele reunir los fines de semana a gentes de todas las provincias de la comunidad.
