Después de muchos días de polémicas, tensos debates y reuniones internacionales, la Unión Europea de los 28 ha dado vía libre al acuerdo con Turquía para la deportación de los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios que son mayoría, y que se quiera o no y por solidarios que sean los países como han demostrado siempre, representan un serio problema que los Gobiernos no pueden dejar en el aire y se ven precisados a abordar de modo práctico para su resolución, al menos en la parte posible, pues lo contrario solo sirve para aumentar los límites del conflicto.

Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con esa diáspora masiva e incontrolada casi por completo, que procedente de Siria en gran parte, pero también de Irak, Afganistán, y otros lugares en los que el terrorismo yihadista ha impuesto su bárbara ley de destrucción y muerte, ha estado llegando a Turquía por todos los caminos, legales e ilegales, como paso de entrada a Europa. A una Europa que siempre ha acogido con los brazos abiertos la migración del tercer mundo, pero cuya logística se ha visto superada en ocasiones debido al gran número de refugiados que buscan un sitio donde cobijarse. Pese a los buenos propósitos, pese a los acuerdos de las naciones, hay países de la UE, como Grecia, que se han visto desbordados y que han obligado a Bruselas a tomar medidas.

Se quiere cortar de raíz el origen y es por tanto Turquía la que habrá de proceder a la ingrata misión, que ya ha pagado con sangre, tras varios atentados, el último al día siguiente de firmarse el acuerdo. Las fronteras turcas acogen a entre dos y tres millones de refugiados, y pese al control de Acnur, el organismo de la ONU que entiende y gestiona estos asuntos, el problema no remite y las oleadas de inmigrantes se suceden. Lo cierto es que pese a los repartos de refugiados a los que se había comprometido la UE en su día, son escasos comparativamente los acogidos y establecidos. Por eso, se ha decidido la devolución a sus orígenes de los inmigrantes que lleguen a partir de ahora, aun estudiando caso por caso, algo que de entrada ya parece imposible de llevar a cabo.

Pero era necesario hacer lo que se ha hecho, por más que quepa dudar y mucho de su efectividad, porque no se pueden por puertas al campo y menos cerrarlas. Turquía recibirá a cambio 3.000 millones de euros y Bruselas se ha comprometido a acelerar los trámites para que el país ingrese lo más pronto posible en la Unión Europea. En cuanto a España se ha limitado a firmar el pacto haciendo uso Rajoy del mandato que portaba del Parlamento, conforme con unas medidas que pueden parecer poco solidarias y hasta inhumanas, pero que son realistas para acabar con situaciones como las que se están produciendo no solo en territorio turco sino en las islas griegas donde el contingente refugiados sobrepasa las posibilidades de un país tan hundido por la crisis, por lo que a partir de ahora serán deportados también. El presidente del Gobierno en funciones, califica el acuerdo adoptado de razonable y respetuoso con la ley internacional y con los derechos humanos. Mas la polémica sigue y seguirá.