Acostumbrados a gobernar sin objeción parlamentaria, el Gobierno de Mariano Rajoy -actualmente en funciones- se niega a ser controlado por el Parlamento. Ni Pedro Morenés acudió el jueves a la Comisión de Defensa, ni acudirá el Gobierno el 29 de marzo a la sesión de control del Ejecutivo. Las razones, según la portavoz Sáenz de Santamaría, son que al no tener mayoría en la Cámara ni contar con su apoyo, carece de sentido el control parlamentario, porque "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

Llama la atención el símil popular de la vicepresidenta para explicar la dinámica parlamentaria, pues parece indicar que tomar decisiones de Gobierno (soplar), que son las que establece la Constitución para un Ejecutivo en funciones, es incompatible con la función de control parlamentario (sorber), que sanciona la Ley del Gobierno. Aunque esté en funciones, el Gobierno tiene la obligación de gobernar y atender "el despacho ordinario de los asuntos públicos", según el artículo 21.3 de dicha ley, que asimismo establece en el 26.2: "Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales", que se fundamenta en el mandato constitucional del control de la acción del Gobierno.

Da la impresión de que la vicepresidenta ha tomado por ley lo que es hábito, porque al contar con la mayoría de la Cámara y disponer de la disciplina de voto, los sucesivos gobiernos de la Democracia acuden confiados al Congreso para someter a votación unas decisiones que saben previamente ganada. Sin embargo, en un régimen parlamentario la independencia del poder legislativo es esencial para garantizar la supremacía de la voluntad general, pues es en el Parlamento donde reside la soberanía nacional, y no en el Ejecutivo, que contando con el apoyo de la mayoría para la investidura, no tiene por qué poseerlo en todas las votaciones o circunstancias.

Añade también la vicepresidenta que no hay precedentes y que la intención espuria de algunos tal vez sea convertir el Congreso en escenario de precampaña; argumentos de peso que hubieran desestimado no sólo la fallida investidura y esta larga interinidad del Gobierno, sino gran parte del trabajo parlamentario.

Pero atendiendo a su ingeniosa metáfora, uno tiene la sensación de que al Gobierno se le ha atragantado la sopa, sea porque esta hirviera o él careciera del conveniente apetito. Pero como los electores le han invitado a la mesa y no puede eludir el compromiso, no estaría mal que ponga la mejor disposición para el ágape y, dejando a un lado por esta vez las normas de urbanidad, antes de sorber, sople y enfríe el caldo para no escaldar la garganta. Porque de no hacerlo, no solo tendrá el Gobierno un grave problema de digestión, sino también nuestra Democracia representativa y su endeble separación de poderes.