Cada vez que alguna formación política pone en cuestión el papel que desempeñan las diputaciones provinciales evidencia también su desconocimiento de la realidad del mundo rural, y sobre todo pone de manifiesto sus incongruencias políticas, más si cabe cuando están cobrando de unas administraciones cuya supresión proponen.

Este es el caso reciente de la diputada provincial de Izquierda Unida, liberada en la Diputación de Zamora. Aunque desempeña su trabajo político en el Ayuntamiento de la capital, no renuncia a sus retribuciones en la institución provincial a pesar de pedir la supresión de esta administración. Si fuera consecuente con sus idearios dejaría su cargo en una Diputación Provincial en la que no cree. Por el contrario, ahí sigue, sin pisar el barro de nuestros pueblos y sin escuchar al mundo rural zamorano y sus habitantes.

La diputada de Izquierda Unida desconoce que las diputaciones tienen un profundo arraigo en la vertebración territorial de nuestro país: un país llamado España, al que tampoco parecen guardar respeto, y en el que tampoco cree Izquierda Unida.

Desconoce que las diputaciones prestan un indudable servicio a los ciudadanos y son de gran ayuda a los municipios pequeños y medianos que por sí mismos se verían con grandes dificultades para prestar sus servicios, o carecerían de los medios necesarios para poder hacerlo, lo que quebraría el principio de igualdad en la medida que no todos los ciudadanos tendrían acceso a los mismos servicios con independencia de su lugar de residencia.

¿Quién mantendría las comunicaciones viarias de pequeños municipios de Zamora en los que apenas viven 20 personas? ¿Acaso los pocos habitantes de localidades como Latedo o Faramontanos de la Sierra no merecen los mismos servicios, las mismas oportunidades y los mismos derechos que los que viven en poblaciones mayores?

Del mismo modo, Laura Rivera desconoce que la supresión de las diputaciones conllevaría el cierre de pequeños municipios. ¿Puede alguien, sea del partido político que sea, impedir que las personas vivan donde deseen? ¿Puede alguien obligar a las personas a vivir solo en las grandes ciudades y a abandonar los pueblos donde han elegido vivir?

La desaparición de las diputaciones implicaría que sus funciones tendrían que ser asumidas por otras entidades territoriales, posiblemente de nueva creación, y posiblemente sin ahorro económico. Todos sabemos que son instituciones saneadas y cumplen con los plazos de pago a proveedores y contratistas, quienes a su vez son los que generan riqueza y empleo en las provincias. Asumen la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes.

Los detractores también desconocen que las diputaciones provinciales son imprescindibles para evitar la despoblación. Se les llena la boca hablando de la lucha contra la despoblación y paradójicamente arremeten sin argumentos contra la institución que más trabaja por el asentamiento de población en el medio rural. Se podrían llenar folios y folios con las bondades de las diputaciones provinciales y con el gran trabajo que realizan en la actualidad y que todos esperamos y deseamos sigan prestando en el futuro.

Lo triste de quienes cobran de las diputaciones y arremeten injustificadamente contra ellas es que a su línea hipócrita se suman desde la Izquierda Socialista, cuyos diputados provinciales alientan las pretensiones de su líder nacional contra las diputaciones provinciales con el único ánimo de intentar llevarle a la Presidencia del Gobierno a toda costa, y a pesar de haber obtenido los peores resultados electorales de la historia del Partido Socialista. Ver para creer.

La realidad es que, tanto a unos como a otros, los ciudadanos les han votado para que estén en la oposición, por lo que arrogarse ahora el mandato de la mayoría de los españoles es cuanto menos hipócrita, al menos tanto como no renunciar a los sueldos que reciben de las diputaciones, cuando abiertamente están en contra de su mantenimiento y se suman al carro de quienes piden su desaparición.

Será esto a lo que llaman progreso quienes "han secuestrado este término infundadamente". Será su progreso personal, pero no el de nuestros pueblos y de sus habitantes. Los que sí creemos en las diputaciones provinciales seguiremos trabajando por su mantenimiento tal y como demanda la mayor parte de la sociedad. En el caso de Zamora han sido muchos los colectivos que han mostrado su apoyo, luego no debemos estar tan equivocados como algunos pretenden dar a entender.