Estos días estamos oyendo hablar a cerca de si las diputaciones provinciales, deben permanecer, mantenerse, o por el contrario, deben eliminarse, en esencia, ese es el discurso, en líneas generales, con las oportunas matizaciones.

Sin entrar a analizar los antecedentes históricos, a cerca de su creación en el año 1838, de su reconocimiento en la Constitución Española, y de sus funciones, que, como bien sabemos, son responsables de garantizar la prestación de servicios municipales, asesoramiento a municipios, preferentemente inferiores a los 20.000 habitantes, recaudación de impuestos, ejecución de obras de carácter público, saneamiento, caminos vecinales, carreteras, etc.

Creo que todos tenemos, una idea de la existencia de la diputaciones provinciales comunes, aunque sea vaga, y desconozcamos, en profundidad cuál es su cometido.

Por medio de estas líneas, simplemente quiero que reflexionen sobre lo que las diputaciones provinciales significan para cada uno de los lectores, si es que significan algo, o por el contrario, son instituciones ajenas, que no significan nada para Ud.

El debate está abierto, permanencia o eliminación, esto es, supresión.

Los distintos grupos políticos tienen opiniones disparares, e incluso dentro del mismo grupo político, hay partidarios de su mantenimiento y partidarios de su supresión. Los partidarios de su permanencia abogan por adelgazar sus estructuras y mejorar sus funciones, algunos de los partidarios de su eliminación las han calificado como "cámaras de colocación" .

El tema sometido a su consideración no es fácil, y debe ser tratado en profundidad, pues, se trata de instituciones muy arraigadas pues, van camino de doscientos años de existencia, mueven presupuestos muy importantes, del orden de 26.000 millones de euros anuales, su plantilla a nivel nacional, alcanza del orden de los 62.000 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, trabajadores que, en caso de ser eliminadas pasarían a otras administraciones públicas, centrales, autonómicas o locales, que vayan a cumplir, en cada caso, el fin encomendado, antes atribuido a la Diputación Provincial.

Otros temas importantes, a tener en consideración, son el nivel de ahorros que supondría para el Estado y la atribución de competencias, pues, no olvidemos, que muchas de las competencias de las Diputaciones Provinciales pueden estar duplicadas, el tema tiene que ser estudiado de forma pormenoriza. Cada uno de los lectores tendrá su opinión, en base a su credo político, vinculación familiar, estatus social, cargo en la institución provincial, no olvidemos que en la actualidad el número de diputados provinciales es de 1.040 y con la supresión de las diputaciones provinciales, su "modus vivendi" , tal vez cambiaría, y, me temo que no a mejor, sino a peor, ello sin olvidar los sueldos de sus presidentes que aparecen en los prepuestos de la institución, los lectores interesados pueden consultarlo en los presupuestos anuales.

Usted, querido lector, forme su opinión personal y si para Ud. tienen razón de permanecer porque le prestan servicio, o si deben ser suprimidas y su supresión no le va a originar ningún perjuicio, sin olvidar que los servicios que prestan, también pueden ser prestados por las comunidades autónomas, no olvidemos que las comunidades autónomas tienen en la capital de la provincia, sus respectiva delegación provincial y existe un delegado Territorial de la Junta, con competencias similares que, perfectamente pueden asumir funciones y reducirse considerablemente los gastos presupuestarios.

A reflexionar toca, el tema no es baladí y nos afecta a todos, especialmente, a nuestros bolsillos.

Pedro Bécares de Lera (Zamora)