editorial

Zamora debe conseguir una Administración provincial ágil y eficaz

28.02.2016 | 00:12
Zamora debe conseguir una Administración provincial ágil y eficaz

La continuidad de las diputaciones vuelve a estar en duda tras incluir su derogación el aspirante a la presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el acuerdo firmado con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para garantizar su apoyo en caso de una hipotética investidura del primero. La desaparición de las diputaciones figuraba en el programa electoral de Ciudadanos diseñado para los comicios del 20 de diciembre, no así en el caso del PSOE. Al final, los socialistas han aceptado la propuesta que llegaron también a incluir en su programa de 2011 a instancias de su entonces secretario general Alfredo Rubalcaba, y que finalmente quedó aparcada por las resistencias internas del partido que gobierna varias de estas instituciones derivadas de la división provincial del siglo XIX.

Uno de los factores por los que las diputaciones han acabado en el punto de mira como símbolo de ineficacia administrativa ha sido, precisamente, su estructura en apariencia obsoleta desde el momento en que se produce la descentralización hacia las comunidades autónomas y se producen solapamientos, pero también la asunción de competencias impropias por parte de las primeras. Sin embargo, las diputaciones son organismos que fueron concebidos para ahorrar dinero a los contribuyentes, ya que su función principal es la de prestar servicios a municipios de menos de 20.000 habitantes, la inmensa mayoría en el caso de Zamora. Esos servicios incluyen también la recaudación de importantes tributos como el IBI y la asignación de fondos recibidos del Estado para ayudas a infraestructuras. En una provincia como Zamora, con 248 municipios dispersos y con graves problemas de comunicación y despoblación son muchos los que piensan que resulta necesario contar con esa estructura que vertebre administrativamente los pueblos pequeños y que garantice la prestación de servicios a los ciudadanos.

Está claro que las diputaciones necesitan una reforma profunda que acabe con las sospechas que siempre han rodeado a estas instituciones sobre opacidad en la gestión, por mucho que se haya evolucionado en este sentido, por ejemplo, desde los tiempos en que las sombras se cernían sobre la institución zamorana en relación con los repartos de obras. También para eliminar los últimos resabios de las acusaciones sobre su condición de "agencias de colocación" de los partidos que los gobiernan es evidente que deben mejorar. Para ello, un paso fundamental es acabar con el actual mecanismo de elección indirecta. Algo que han defendido incluso voces significadas del PP como el anterior presidente de la Diputación de Zamora y actual vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo. Lo que está claro es que, al igual que, como parte de la demandada regeneración política, debe incluirse el adaptar a los tiempos que corren instituciones decimonónicas que siguen manteniendo un gran peso político y económico.

Las 38 diputaciones provinciales que aún existen en España, excluidas las tres forales vascas, manejan un presupuesto total de 6.400 millones de euros. La de Zamora tiene este año un presupuesto de 62 millones, cifra, es verdad, por debajo de las que manejan las de provincias vecinas como Salamanca o Valladolid. De esos 62 millones, un 28% se destina a gasto corriente que incluye el sueldo de 500 personas que forman parte de los empleados públicos que sustentan gran parte del mercado laboral de la provincia. La propuesta alternativa de que sean mancomunidades o consejos de alcaldes quienes desempeñen la función que realizan ahora las diputaciones debe ser concretada y delimitada, puesto que no se trata exclusivamente de prestación de servicios comunes, que también, como bomberos o ayudas sociales. La administración de esa cantidad de dinero que reciben cada año y los criterios de reparto merecen una seria reflexión sobre cómo llevar a cabo la modernización de la Administración provincial.

Otra cuestión, nada desdeñable, es si esa supresión de lo provincial puede entrañar, a medio o largo plazo la desaparición de la circunscripción electoral tal y como está concebida actualmente, puesto que sí podría diluir el ya escaso peso que de por sí tiene Zamora, lastrada con graves problemas de desarrollo económico y donde la emigración sigue sin freno.

El debate reabierto sobre la continuidad o no de las diputaciones coincide, además, con la publicación del mapa de ordenación territorial elaborado por la Junta de Castilla y León que pretende, igualmente, la optimización de servicios dependientes de la comunidad autónoma a través de la agrupación de municipios. El mapa generó polémica desde el principio con la reivindicación de Benavente excluida en un primer momento como unidad básica de referencia. Tras las protestas, finalmente se llevará a cabo la señalización de la ciudad, que no alcanza los 20.000 habitantes, como núcleo de referencia, aunque con la paradoja de que los pueblos de alrededor afectados no se muestran de acuerdo con la resolución. Al igual que existe malestar entre los habitantes de los tres pueblos de la comarca de la Guareña cuyos habitantes podrían pasar a depender en materia de Educación y Sanidad de Salamanca. En definitiva, las políticas que se elaboran desde los despachos, sean en Valladolid o en Madrid, suelen adolecer de la empatía necesaria para que los habitantes de los pueblos no entiendan cualquier medida impuesta desde arriba como una agresión más a un mundo rural que creen marginado por las instituciones.

Y, sin embargo, nadie en su sano juicio puede considerar sostenible el actual esquema de dispersión y de despoblación de la provincia. La regulación es necesaria, lo mismo que lo es la existencia de una Administración ágil, eficaz y capaz de vertebrar y unir la maraña de reinos de Taifas para que provincias como Zamora puedan organizarse y mantener la calidad de servicios que merecen todos sus ciudadanos, incluidos los de los pueblos más alejados, así como la gestión de sus tributos, de forma que reviertan adecuadamente y al margen de intereses partidistas o de otro tipo.

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