Va a ser una gran pena que el Gobierno PSOE-Ciudadanos no pueda llevarse a cabo, por pura matemática, y no solo por tener que volver a las urnas, sufrir una nueva campaña electoral, y luego lo mismo de ahora y de nuevo a empezar con esta burda ceremonia de la confusión. Y va ser una pena, porque algunos de los puntos programáticos del pacto firmado por Sánchez y Rivera parecen y son muy importantes de cara al futuro del país, como la supresión de los aforamientos, la independencia del poder judicial, y muy llamativamente: la desaparición de las anacrónicas diputaciones provinciales.
Ha sido esta condición, precisamente, la que ha despertado mayor interés en el público que, en su gran mayoría, aboga por una reforma constitucional rápida que permita cerrar estas instituciones tan rancias como obsoletas y que con la creación del estado de las autonomías perdió todas sus funciones reales en favor de los Gobiernos regionales. Hoy son un ente carísimo que solo sirve como eficiente caldo de cultivo para el clientelismo político del partido que gobierna y para colocar a dedo a parientes y amigos, caciquilmente, con un sectarismo del que cualquier alcalde ajeno al color gobernante dará fe de inmediato y del que son víctimas los vecinos por no votar a quien disfruta del poder.
Pero es que mantener todo este lujo sin sentido y sin resultados prácticos cuestan más de 25.000 millones de euros anuales a España y los españoles si se tienen en cuenta las diputaciones de régimen distinto, como las forales. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos se limita de entrada a la clausura de las instituciones incluidas en el régimen general, y aún así el ahorro no bajaría de los 6.000 millones de euros, un dinero público que, huelga decirlo, sale del dinero de los esquilmados contribuyentes, en su mayoría una clase media muy debilitada económicamente desde que Rajoy es presidente del Gobierno, y las clases sociales más en precario, en riesgo de exclusión en una tercera parte de los casos debido a las consecuencias de la crisis y a esos cuatro millones de parados que siguen existiendo en el país.
Los partidos, aunque ya quisieran todos tener una diputación en la que colocar a la familia y los amiguetes, han hecho piña en este aspecto con PSOE y Ciudadanos. Nadie quiere tales instituciones, por innecesarias e inútiles. Todos no, claro, pues ahí está el PP, defendiendo siempre las instituciones provinciales a capa y espada pese a que en las elecciones de mayo de 2015 perdiese muchas de ellas. Y eso, con un expresidente de Diputación en la cárcel, el de Castellón; otro, de Orense, inhabilitado por la justicia al haber metido por la puerta falsa a más de 100 de los suyos; otros dos imputados, el de Valencia y Alicante; y algún caso más. Por no echar la vista atrás y recordar el caso Zamora o lo que ocurriera años antes, cuando el PP iba a perder la Diputación y un diputado socialista voto en contra de los suyos.
Los habitantes de los pueblos no quedarían en el abandono, pues dependen de las autonomías, a las que pasaría todo el aparato administrativo, y porque esas instituciones serían sustituidas por consejos municipales de alcaldes. De los cuales tendría que salir una lógica fusión de municipios.
