El pacto PSOE-Ciudadanos para la (improbable) investidura de Pedro Sánchez ha devuelto al primer plano de la actualidad la vieja, y no resuelta, polémica sobre la vigencia de las diputaciones y su continuidad. Aunque el acuerdo no habla de desaparición, sino de transformación en un nebuloso Consejo de Alcaldes, ya han salido a relucir las navajas y los análisis apocalípticos. Quienes predican catástrofes sin cuento si se extinguen las corporaciones provinciales suelen basar sus argumentos en dos afirmaciones harto discutibles, por no calificarlas de manipulaciones e, incluso, de mentiras o verdades a medias, que quizás sea peor.
Lo primero que se asegura (ahí están las palabras de los líderes del PP y de algún socialista) es que si desaparecen las diputaciones, los pueblos se quedarían sin muchos de los servicios básicos que ahora se prestan a través de ellas. ¿Y por qué habrían de quedarse sin esas prestaciones?, ¿no pueden pasar a ser gestionadas y ejecutadas por la Junta a través de sus delegaciones provinciales? Cada vez que he hecho estas preguntas a los defensores de la permanencia de las diputaciones solo he obtenido respuestas ambiguas. "Es que no es lo mismo". "¿Y por qué no es lo mismo?". Y ahí entramos en una serie de explicaciones que no explican nada: que si la Junta es una Administración más lejana, que si sus funcionarios conocen menos los pueblos que los de la Diputación, que si tienen más visión provincial? y así hasta el infinito. Pero nadie me ha convencido de que los trabajadores y técnicos de la Junta en Zamora no puedan hacer lo que ahora hacen los de la Diputación. Es más: esas tareas podrían seguir haciéndolas los actuales funcionarios de la Diputación, pero transferidos al Gobierno autónomo, igual que, en su día, pasaron a depender de la Junta los sanitarios que antes estaban en el Insalud, los maestros y profesores que pertenecían al Ministerio de Educación, los peritos e ingenieros de Agricultura, los administrativos de distintos ministerios y un largo etcétera. Todos, miles, pasaron de la Administración central a la autonómica sin que dejaran de prestarse los correspondientes servicios, ni se desatendiera a los enfermos, ni se cerraran escuelas, ni dejaran de expenderse guías para el transporte de ganados o licencias de caza. Pues, ahora podría ocurrir lo mismo, es decir que los servicios que ahora presta la Diputación pasara a prestarlos la Delegación Provincial de la Junta o esas unidades básicas que se han inventado los de la Ordenación del Territorio, o, como ocurre ya, las mancomunidades de municipios.
La segunda tergiversación apocalíptica está muy ligada a la anterior y casi, casi contada en los párrafos precedentes. Se dice que la desaparición de las diputaciones, además de dejar a los pueblos sin muchos servicios, supondrá el despido de cientos de funcionarios. ¿Quién lo afirma y con qué argumentos? Parece claro que se hace simplemente para poner a los trabajadores de las diputaciones en contra de cualquier cambio. Nadie ha hablado de despidos ni de nada por el estilo. Los actuales funcionarios de las diputaciones pasarían a depender, con sus mismos derechos y obligaciones, de otra Administración. Y punto.
Las críticas tienen mayor carga de profundidad y otras causas. La primera es que desaparecerían los cargos políticos. Y eso escuece, sobre todo a quien los ostenta. Seguiría habiendo funcionarios y servicios, pero no presidente, ni vicepresidentes, ni diputados encargados de áreas, ni liberados, ni gastos para el grupo, ni? Un ahorro de unos 5.000 millones en toda España. No está mal.
El otro aspecto que levanta ronchas, aunque no se diga, es que si desaparecen las diputaciones, los gerifaltes ya no podrán colocar a dedo o enchufar a hijos, sobrinos, primos, cuñados del portero y familiares varios de todos aquellos que han muñido listas electorales o se han presentado a alcaldías haciendo lo que se llama un favor al partido. Y a cambio, que entre el chico en la Diputación, aunque sea para echar chinarrilla en los baches. Y los partidos políticos tampoco podrán disponer a su libre albedrío de puestos bien remunerados para los más fieles. No olvidemos que los diputados provinciales no se eligen en las urnas, sino que son designados aquellos que propone la superioridad. Por cierto, ¿se han fijado en que, en Castilla y León, los presidentes de Diputación suelen ser los presidentes provinciales del PP? Sintomático y sospechoso, ¿no?
No creo que en un breve plazo desaparezcan ni se transformen las diputaciones. Haría falta hasta reformar la Constitución. Pero si desaparecieran, ni habría despidos masivos, ni se dejarían de prestar servicios en los pueblos. Que no los acojonen. Y menos con falsedades fácilmente rebatibles.
