Acabado el año electoral -aunque este puede contar con nuevas elecciones muy fácilmente- se inicia ya el año de los grandes juicios por escándalos de corrupción, oportuna o casualmente retrasados hasta que las urnas diesen a conocer sus resultados. Arranca mañana con el "caso Nóos", que sienta en el banquillo de los acusados nada menos que a la hermana del rey de España, la infanta Cristina, junto a su esposo y principal imputado, Iñaki Urdangarín, y quince personas más, entre ellos Jaume Matas, del PP, que fuera presidente de la comunidad de Baleares y que ya ha pisado la cárcel anteriormente por otros procesos en los se ha visto envuelto por igual motivo: la corrupción.

Se presume que va a ser un juicio muy largo y que, al menos al principio, va a ocupar mucha atención pública y gran parte de la actualidad, y no solo nacional, pues entre el más de medio millar de periodistas acreditados que cubrirán la información del evento hay muchos procedentes de otros países, y es que el caso lo merece pues no es habitual, sino insólito e histórico, ver en el banquillo de los acusados a un miembro directo de una familia real. Claro que quizá mucho no se la va a poder contemplar a través de la televisión, pues la infanta ocupará un puesto en el extremo del tercer y último banquillo, aunque no hay que pensar mal pues lo que sucede es que Cristina de Borbón será la que declare en último lugar.

Está acusada la infanta de cooperadora en dos delitos fiscales de los nueve en total de los que se imputa a su marido y de los que habrá de responder, lo mismo que los demás procesados, ante la justicia. Las penas a las que se enfrentan todos ellos no parecen demasiado grandes, entre los dos y seis años de prisión, siendo Urdangarín, y su antiguo socio Diego Torres, los que pueden concitar condenas más severas, al ser considerados cerebros y ejecutores de las operaciones de esquilmado público que se llevaron a cabo en aquellas islas, además de Valencia, Madrid, y otros sitios, de donde arrancaron no menos de seis millones de euros. Seguramente el juicio, o macrojuicio, se quedará en poco, en espectáculo, o eso, al menos, parece ser el sentir general en la calle de una ciudadanía muy escéptica al respecto.

La lista de delitos por los que se les va a juzgar es amplia y variada y va desde malversación de caudales públicos y falsedad documental a blanqueo de dinero y fraude a Hacienda. Hay citados 363 testigos, entre ellos gente como Rato, Camps, Barberá, y otros muchos políticos conocidos, todo lo cual asegura tanto la duración de la vista, que en el mejor de los casos quedaría pendiente de sentencia en el verano, como el espectáculo mediático. Claro que las cosas pueden cambiar y el morbo disminuir bastante si al final la Audiencia Nacional, en cuestión de días, decide aplicar a la infanta la llamada "doctrina Botín", que la eximiría de ser juzgada al no presentar la fiscalía cargos y quedar limitadas las acciones de la acusación popular ejercida, lo mismo que ocurriera cuando el fallecido banquero hubo de sentarse en el banquillo. Más ruido que nueces, posiblemente.