Durante la campaña electoral, la preocupación por el cumplimiento de los objetivos de déficit y el problema de la deuda desapareció de los discursos. El principal causante del ajuste parecía que se había esfumado. Sin embargo, ahí sigue el más de un billón de euros de deuda que tiene España y que, pasado el 20-D, hay que seguir gestionando. España necesita recabar en el mercado unos 400.000 millones de euros este año y otros tantos el próximo y quién esté al frente del Gobierno no es un tema menor, aunque por encima esté el paraguas del Banco Central Europeo. La España del gobierno de Rajoy está logrando financiación incluso a interés negativo, un sueño, por ejemplo, para la Grecia de Tsipras, lastrada por los elevados intereses que tiene que pagar.
Durante la última legislatura, la deuda pública de España aumentó en 30 puntos del PIB, unos 300.000 millones de euros. Pese a los ajustes, el gobierno de Rajoy no puede alardear de haberla adelgazado. Todo lo contrario. No obstante, desde la oficina económica de La Moncloa se destaca que más de la mitad del incremento de la deuda no está vinculada directamente a la acción del Gobierno, "son herencias de malas políticas anteriores". Unos 75.000 millones de euros son computables al pago de proveedores y al fondo de liquidez autonómico para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pagaran sus deudas. Otros 40.000 millones de euros se metieron en la recapitalización de las cajas de ahorros para evitar que quebraran y dinamitaran la confianza en el sistema financiero español. Otros 40.000 millones de euros se destinaron a ayudar a otros países que fueron rescatados: Portugal, Irlanda y Grecia. Y finalmente otros 26.000 millones de euros son computables al déficit tarifario eléctrico. Ese dinero lo debían los consumidores al sistema eléctrico y el Gobierno lo metió dentro de la deuda pública para que sea más fácil de financiar y no repercuta tanto en el siempre creciente recibo de la luz.
El gobierno de Rajoy se ha ganado credibilidad en los mercados y el Tesoro Público se está endeudando con unos tipos de interés bajos e incluso negativos a un año. Hay inversores que están dispuestos a pagar por tener letras del Tesoro. Por eso este último asumió deuda de otros para que puedan financiarse a precios más baratos. Como el padre que avala al hijo, el Tesoro Público se hizo cargo de la deuda de comunidades autónomas, de ayuntamientos, del sistema eléctrico, de las cajas de ahorro y agentes económicos que, o no se podían financiar o les salía muy caro. La operación salió bien, porque todos están pagando tipos de interés más baratos y el país se ahorra un dineral en intereses. Ahora bien, como el nuevo gobierno salido de las urnas y de los pactos poselectorales pierda la credibilidad ante los mercados el viento irá en contra de ese gran deudor que ahora es el Tesoro y que ha asumido sobre sus hombros las cargas de otros para abaratar los costes financieros del país.
Grandes inversores, y también agencias de calificación como Fitch, ya han alertado del peligro de un gobierno "débil" en España apoyado en "partidos radicales". Y a esos inversores hay que pedirles este año más de 400.000 millones de euros.
