Un aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos, la generación de un nicho económico para las zonas rurales, la creación de empleo y el impulso de un turismo ligado a la naturaleza y el medioambiente. Estos objetivos, todos loables, fueron la carta de presentación del proyecto Micocyl. Una iniciativa regional amparada por la Junta de Castilla y León que en Zamora encontró el decidido respaldo de la Diputación. La creación de la Mesa Micológica Provincial en 2010 marcó su puesta en marcha como una esperanza de futuro. Sin embargo, tras varios años de trabajo, un creciente número de pueblos de las comarcas más ricas en este recurso, Sanabria y Aliste, han decidido abandonar el barco. Este hecho pone en cuestión un modelo que, aunque ha ayudado a contener amenazas como el furtivismo, aún está muy lejos de hacer realidad sus aspiraciones originales.

La creación y expedición de permisos para la recolección, pilar básico de la regulación, es el capítulo que ha generado más tensiones y descontentos. Son ya numerosos los municipios titulares de los montes públicos que han optado por dejar atrás el marco de Micocyl, antiguo proyecto Myas RC, para fijar los precios de las tarjetas de forma libre. La filosofía de las autorizaciones, dirigidas a vecinos, propietarios de viviendas en el territorio municipal y recolectores, ha primado la rentabilidad económica, una decisión que ha excluido, de raíz, a un numeroso grupo de personas: investigadores y aficionados a la micología.

La relación comercial de los recolectores con las empresas transformadoras ha supuesto otro de los aspectos más problemáticos. De entrada, porque las industrias se veían impotentes para justificar la procedencia de la materia prima, mercancía invisible a cualquier tipo de fiscalización. Asimismo, los recolectores -personas jubiladas o vecinos en situación de paro, generalmente- afrontaban la oportunidad como una ayuda o un complemento insuficiente para convertirse en una actividad regulada.

Tras décadas, el vacío legal parece solucionado. El Ministerio de Hacienda acaba de tomar cartas en el asunto ordenando la aplicación de un 12% en concepto de IVA a la venta de las setas recolectadas. Desde septiembre, el producto fresco entregado a las fábricas debe estar ligado al documento nacional de identidad del recolector que, al finalizar la campaña, ha de rendir cuentas con el abono del impuesto. Queda por resolver, no obstante, la difícil cuestión de la trazabilidad de un fruto silvestre que nace y crece de forma espontánea en el monte.

De todas, la disconformidad más rotunda se sitúa entre los aficionados. La Asociación Micológica Zamorana, la mayor de Castilla y León con 300 socios, ha reiterado su malestar con un modelo que pone barreras a sus actividades tradicionales. "Cada Ayuntamiento ha creado su propia normativa y, a este paso, tendremos que irnos al bosque de Valorio", ironizan desde el colectivo para escenificar el problema. En efecto, un permiso de temporada de 600 euros puede ser fácilmente asumido por un recolector que busca un rendimiento económico. En cambio, para quien sale al campo varios días al año con un afán recreativo y se lleva unos pocos kilos de hongos en una cesta, la situación se vuelve casi imposible. "Ahora todo es dinero, los vecinos consideran suyo el monte y no ven con buenos ojos a quienes somos de fuera", subrayan. La búsqueda de información y la burocratización de la actividad son otros de los inconvenientes. Tras cada salida, se ven obligados a rellenar un inventario exhaustivo de las especies recogidas que han de enviar "on-line" a la oficina de Micocyl.

La incomodidad de los aficionados tiene, asimismo, un efecto negativo para los objetivos económicos de los municipios. La regulación pone coto al emergente micoturismo. La caída en el número de visitantes tiene un reflejo directo en el gasto en bares, restaurantes y tiendas de las zonas rurales. Esta nueva realidad ha desplazado el flujo de personas hacia La Raya, ya en Portugal, cuyos montes permiten todavía la libre recolección.

Proyecto Micocyl al margen, son varias y esperanzadoras las iniciativas que pueden ampliar en el futuro el espectro del aprovechamiento industrial del recurso. Cabe citar proyectos como el de la mancomunidad terracampina del Raso, cuyos trece pueblos se han implicado en la siembra de especies como el níscalo para contrarrestar la arbitrariedad de los hongos, sujetos siempre a la complicidad de las lluvias. Conocidas son también las experiencias de Aliste o Tierra del Vino en la micorrización de jaras y encinas, un proceso lento, pero de enorme interés.

Las dificultades son distintas en los montes privados, aproximadamente la mitad de la superficie global de la provincia. La Asociación Forestal de Zamora ha reclamado a la Junta de Castilla y León amparo legal para los propietarios. A menudo ven cómo las mismas personas que recolectan productos que les pertenecen les impiden el acceso a sus propiedades. Cuando se atreven a dar un paso adelante y deciden formular una denuncia, asumiendo la posibilidad de represalias por parte de los furtivos, el vacío legal y la lentitud judicial dejan el agravio sin castigo. La ausencia de una señalización de estos territorios dificulta igualmente la labor de la Guardia Civil. En este sentido, los titulares propugnan un modelo como el de Soria, pionera en la creación de reservas de aprovechamiento privadas que se asemejan a los cotos de caza.

La emergente cotización de las setas y el elevado potencial micológico dibujan un escenario en el que han de converger múltiples actores con intereses diferentes. De ahí que sea urgente y necesario establecer las bases de una regulación más racional que dé respuesta a todas estas necesidades. Una normativa respetuosa con el medioambiente que permita a los pueblos generar nuevos ingresos no para este año, ni el siguiente, sino de manera sostenible en el tiempo. Su filosofía debe ser también justa con los investigadores, que incrementan el conocimiento sobre el fascinante mundo de los hongos, y los aficionados, quienes consolidan y refuerzan el llamado micoturismo. Cualquier reglamentación ha de respetar la ancestral relación humana con la naturaleza, que nunca debe ser coartada. Todas son aspiraciones del proyecto Micocyl que todavía no se han hecho realidad.