Los ciudadanos son los que pierden

Las guerras internas del PP condicionan la prestación de servicios sociales en la provincia

19.11.2015 | 00:13
Los ciudadanos son los que pierden

En estos días la sociedad zamorana está asistiendo a un espectáculo lamentable por parte de los representantes públicos del Partido Popular, con acusaciones cruzadas, mentiras, traiciones, y una mala fe manifiesta por su parte, pero con único perdedor, o mejor dicho, con 184.238 perdedores, puesto que no se equivoquen, todos y cada uno de los ciudadanos de esta provincia somos los perdedores de este enfrentamiento.

Les tengo que poner en antecedentes, puesto que la cosa trae miga, y es bueno hacer memoria para evitar equivocaciones y poder entender a que se refieren unos y otros y así la sociedad se posicione donde se merecen dándoles la espalda en las siguientes elecciones porque ellos son los que están dándosela a toda sociedad por sus intereses.

En el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como "ley de dependencia". En esta ley se indica que la financiación de las prestaciones se cubre por tres vías: los ciudadanos que reciben el servicio -teniendo en cuenta sus posibilidades económicas-, de cada comunidad autónoma y del Gobierno.

En los últimos años, con gobiernos del PP en ambas administraciones, central y regional, y a pesar de haber sufrido un aumento previsto en el número de dependientes y sus necesidades como se le recordaba desde el PSOE en el pleno de la Diputación Provincial, se han ido reduciendo estas aportaciones de la Junta del PP y del Gobierno central del PP a toda la sociedad zamorana, con el consecuente perjuicio para los dependientes y sus familiares que ven mermados sus derechos reconocidos en dicha ley.

Como quien financia parte del servicio es la Junta de Castilla y León y lo presta la Diputación de Zamora, es necesario aprobar por parte de ambas administraciones un acuerdo denominado acuerdo marco para poner sobre la mesa los servicios que se van a cubrir, los profesionales que van a atender estos servicios, etc.

Este acuerdo lo ha publicado la Junta de Castilla y León en abril de este año, a pesar que entraría en vigor el 1 de enero, ahí se ve la mala fe de la Junta del PP y con respecto a la Diputación del PP, con el agravante de las manifestaciones de su portavoz diciendo que no conocían el acuerdo marco hasta fechas recientes, se demuestra lo malos gestores que son y además se comprueba que se ha retrasado bastantes meses su aprobación.

El acuerdo marco se crea en la Junta de Castilla y León y en sus anexos viene reflejada la cantidad que va a cada Diputación Provincial y a cada población de más de 20.000 personas de nuestra comunidad autónoma, siendo necesaria su aprobación plenaria en una de ellas, así que a la hora de valorar la tardanza o no de la tramitación hay que ver qué ha pasado en otras diputaciones provinciales, o ayuntamientos de ciudades grandes y nos encontramos que tanto la Diputación de Palencia como la de León firmaron el acuerdo en menos de un mes de recibirlo, o el Ayuntamiento de Valladolid que lo aprobó en junio.

Lo importante de dicho acuerdo, con relación a la discusión y enfrentamiento entre las dos administraciones del PP que afecta a la provincia de Zamora, es que en la partida de personal técnico se pasarían de 1.038.951 euros en 2014 a 1.130.869 euros en el año 2015 ya que estaba prevista la contratación de más profesionales para poder valorar y poder aliviar las listas de espera a la hora de valorar el grado de dependencia. Pero como el acuerdo no se ha firmado hasta septiembre, no se ha podido contratar a esos trabajadores sociales hasta ahora; en caso de publicar el acuerdo marco antes de enero para entrar en vigor desde el inicio del año, estos 6 profesionales llevarían más de 10 meses trabajando, casualmente es la fecha de la lista de espera aproximada.

De esta manera se demuestran las mentiras, la mala fe y la ineficacia de las administraciones del PP en la provincia ya que están sumidos en una guerra interna por la previsible ( y deseada ) pérdida de poder, por temer que "algunos sinvergüenzas les quiten de sus asientos" y empiezan mostrar lo que era un secreto a voces, que el Partido Popular es un partido roto, que no sabe gestionar, que gobierna de espaldas a la ciudadanía y que está en contra de los intereses de la población más desfavorecida, en este caso de la dependiente.

Con el cruce de acusaciones desde el delegado de la Junta de Castilla y León que indica que le "preocupa mucho la situación" (cuando tiene parte de responsabilidad al publicarse desde la Junta del PP el acuerdo marco 4 meses después de haber tenido que estar en funcionamiento o prescindir de valoradores, o no requerir a la Diputación a firmar el Acuerdo Marco sin demora) y desde miembros de la Diputación Provincial (que de boca de su portavoz y de su presidenta dicen que no han llegado requerimientos de la Junta, cuando son ellos los que tienes que hacer el trabajo en tiempo y forma sin esperar a que otras administraciones "le tiren de las orejas") solo hacen que demostrar su ineficacia.

Nuestro grupo político desde hace tiempo y como tema principal se ha preocupado por la demora en la valoración, por la lista de espera, tanto con escritos preguntando por esta situación como con preguntas en las comisiones de política social, por la falta de compromiso con el retraso de un acuerdo marco tardío y la respuesta ha sido nula. El problema que vemos es la nula planificación por parte de ambos gobiernos del PP y que en próximos años hay que negociar el acuerdo marco con tiempo, antes de que entre en vigor, entre todos y valorando las necesidades reales de la población.

(*) Diputado provincial por el PSOE

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