A lo largo de una temporada, casi indefinida, ha venido entablándose una lucha protagonizada por un grupo de políticos catalanes, que no quieren ser españoles, y un gobierno mudo que, en actitud expectante, ha dado la impresión de cultivar escrupulosamente una prudencia jurisdiccional. La mudez del gobierno ha contrastado con la palabrería de los políticos catalanes, que han desarrollado una publicidad cuajada de "mentiras" (según algunos) tendentes a formar engañosamente la opinión de sus crédulas gentes. El imperativo legal ha informado la actitud del Gobierno, al exigir la acción consumada -o casi- para que se pueda oponer la actividad contraria de acuerdo con las normas jurídicas. Todo lo anterior ha convertido el 9 de noviembre en el día decisivo con relación al problema planteado. Los políticos secesionistas votaron clarísimamente su decisión independentista. Y la votación afirmativa de su resolución motivará que el Gobierno, también con claridad de imposible tergiversación comenzará, siguiendo la vía estrictamente jurídica, las acciones conducentes a poner fin al camino errado que conduce, sin duda alguna, a la desmembración de España.
Al votar afirmativamente la resolución de independencia, los políticos catalanes secesionistas culminarán la razón esgrimida. Satisfarán de manera eficaz lo que llaman "mandato imperativo mayoritario" del pueblo catalán. Se expondrá con toda claridad esa razón democrática que los obliga a seguir con tesón su camino errante. Esa gran "mentira" a la que aluden sus opositores, quienes aseguran, impertérritos, que los partidarios de la secesión no conforman la "mayoría" del pueblo catalán. Para defender su postura, unos y otros aludirán a las elecciones municipales y autonómicas recientes. Tal vez en ese punto ninguno tenga razón, porque ambos dan a dichas elecciones un valor plebiscitario, cuando en realidad se trataba de unas elecciones autonómicas, sin carácter de plebiscito. Al darle ese carácter erróneamente, ambas posturas incurren en una "mentira" compartida. Y, siendo así las cosas, es más perjudicial la influencia del carácter erróneo en la parte secesionista, puesto que es la base de su equivocada postura. La base real de la postura anti-secesionista es la actitud ofrecida continuamente por la mayoría del pueblo catalán, que no ha tomado parte en las manifestaciones independentistas: siempre han presentado mayor número los que se han quedado en casa que los que han salido a la calle pidiendo la separación de Cataluña del resto de España. Otra de las afirmaciones erróneas que, al llevar consigo la intención de engañar, se pueden considerar una gran "mentira" es la esgrimida por algún independentista en una tertulia: dijo ese señor que ellos han ido realizando las acciones que exige su camino y "no ha pasado nada". Si eso fuera así, hasta tendrían razón cuando culpan al presidente del Gobierno de todo el "embrollo". Si el Poder Judicial no hubiera tomado parte en el asunto, verdaderamente "no habría pasado nada". Pero la verdad es que se han producido varias sentencias del Tribunal Constitucional, que en otro país hubieran llevado a resoluciones importantes y que han resultado vacuas por la actitud del Gobierno de la Generalitat, que ha despreciado tales sentencias y, en consecuencia, no ha acatado las resoluciones. Ahí sí pueden tener razón al culpar al Gobierno. Las autoridades son mucho más exigentes cuando las sentencias judiciales afectan a un particular: por mucho menos, las autoridades proporcionan "posada gratis" al ciudadano vulgar, en esos establecimientos que, edificados "ad hoc", abundan en la geografía nacional.
