Entre todas las noticias de estas últimas 48 horas hay una especialmente significativa para miles de personas de este país. Es obvio que no ha ocupado, ni lo hará, el espacio de otras informaciones como la deriva secesionista de una parte de la sociedad catalana, el nombre de los candidatos que encabezarán las listas electorales al Congreso de los Diputados o el fichaje por parte de uno de los partidos emergentes del que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa con Zapatero. No es un titular de portada, pero, créanme, que para muchas familias que comparten su vida con una persona autista sí lo es. Porque el Consejo de Ministros del viernes aprobó una demanda histórica del colectivo como es la estrategia nacional para mejorar la calidad de vida de los 450.000 afectados por el llamado Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Una iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que han colaborado el resto de los ministerios, entidades del tercer sector y las comunidades autónomas con el fin de plantar cara a una realidad que no entiende ni de banderas políticas ni de vaivenes rupturistas y que tan solo persigue algo tan vital como la protección de los derechos y la accesibilidad a la educación y al mercado laboral de estos pacientes.

El TEA es un grave trastorno que afecta a un niño de cada 88 nacidos en el mundo. Y aunque para la mayoría de la gente sigue siendo un problema invisible, lo cierto es que va en aumento hasta el punto de que, por ejemplo, en Castilla y León ha triplicado su incidencia en los últimos años. El mismo Procurador del Común instó no hace tanto a las administraciones a mejorar sus programas de atención para aumentar el bienestar social y la calidad de vida de las personas que lo sufren y la de sus allegados. Y este reciente acuerdo del Gobierno supone, al menos, un halo de esperanza para todos los familiares al abordar su endémica situación de dependencia mediante programas específicos que contemplan las mínimas necesidades de autonomía en la vida adulta de los pacientes, especialmente su accesibilidad a la educación y al empleo. Se trata de no dejar aislados a quienes más necesitan de nuestro apoyo para mejorar no solo su salud, sino también sus condiciones de vida más elementales.

Esta y no otra es la realidad que viven cada día en España más de un millón de personas -si sumamos también el entorno familiar-, mientras algunos enarbolan banderas rupturistas con los recursos de todos o, peor aún, se dedican a servirse de lo público en lugar de volcarse con la sociedad a la que juran o prometen servir.