¿Es fiable por completo la Justicia española?

De los tres poderes de la democracia, debería ser el que presentara una garantía absoluta

07.11.2015 | 00:01
¿Es fiable por completo la Justicia española?

De los tres poderes de la Democracia es, sin duda alguna, el tercero -la Justicia- el que debería presentar una garantía al 100%. Así parece exigirlo su función de vigilante y garante del recto funcionamiento de los otros dos poderes del Estado, así como de las actividades de la ciudadanía en general. Si en alguna ocasión el funcionamiento del vigilante sugiere la pregunta de "¿Quién vigila al vigilante?", la función de ese valedor no es completamente fiable. El funcionamiento ideal de los tres poderes exige: que el Legislativo estudie, madure y emita normas irreprochables; que el Ejecutivo ciña su acción a esas normas de modo irrefutable al 100%; y que el Judicial, atento a todas las necesidades de los dos anteriores, fielmente acomodadas a la suprema necesidad de la ciudadanía, apoye el recto proceder de los poderes Legislativo y Ejecutivo y, consecuentemente, repare los fallos que dichos poderes pudieran tener en algún momento determinado.

La Justicia debe interpretar rectamente el cumplimiento o incumplimiento de la normativa legal, sin excederse en sus funciones convirtiéndose en legislador. De ese modo resultaría ser un guía seguro para los ciudadanos. El ideal sería -aunque eso ya se comprende que es casi imposible- que la resolución de un juez de Primera Instancia (o, mejor aún del juez de la menor categoría) no fuera susceptible de apelación a una instancia superior. Ahí tendríamos la completa seguridad de una Justicia fiable por completo. Pero ya sabemos que no existe acción humana completamente perfecta; por tanto, solo podremos exigir algo aproximado a esa perfección indefectible, sin el mínimo punto discutible.

Pero la Justicia en nuestro país se está mostrando en estos tiempos algo alejada de esa seguridad que debería exigírsele. Al menos esa es la sensación que parece ocasionar. Sin lugar a duda, la raíz de esa aparente actuación dudosa está en la falta de una completa independencia; en el sometimiento a la influencia de los partidos políticos en las distintas comunidades autónomas o en el Estado español, con relación a los diferentes tribunales. Un caso patente a todas luces es lo que ha ocurrido en Andalucía: han tenido allí a una juez que, haciendo uso de total independencia del poder Ejecutivo regional -oponiéndose, incluso, a la actividad del Ejecutivo regional-, ha "escarbado" en un caso hasta las más profundas ramificaciones del suceso que motivó su proceso inicial. Contra viento y marea, ha seguido adelante de manera acertada -al menos en la opinión de los ciudadanos totalmente ajenos a la comunidad autónoma y, en consecuencia, al caso juzgado-. Haciendo uso de una posibilidad que se le presentó en su carrera profesional, esa señora juez solicitó (y obtuvo) un puesto más elevado. Solicitó también que se le concediera continuar investigando en el importante caso que instruía. Pero la Audiencia Territorial, que pudo concederlo por todo el tiempo que fuera necesario, encomendó el caso a otra juez, cuyo criterio no parece coincidir con la citada juez doña Mercedes Alaya. Esta decisión del órgano judicial que es la Audiencia parece no estar muy de acuerdo con esa actuación indudable que se espera de la Justicia.

Otras veces se observa una indecisión resultante del enfrentamiento de dos instituciones en un mismo territorio, como consecuencia de pertenecer a diferentes partidos políticos. Tal ocurre en Madrid con el choque entre la Presidencia de la comunidad autónoma, que ocupa una señora del PP, y la Alcaldía de la capital, ocupada por una señora que procede del partido Madrid Avanza. Finalmente, en alguna ocasión un alto funcionario, de cuyo proceder surgen dudas alimentadas por personas de su entorno, toma decisiones de abandono aludiendo a falta de medios en los Presupuestos de la comunidad.

Parece que la Justicia debe cumplir su cometido haciendo caso omiso de condiciones, económicas o de otra índole, no pertenecientes a su obligación esencial. Debe ser la Justicia un vigilante, atento solo a ejecución escrupulosa de su tarea, para corregir o incentivar conductas desacertadas o acertadas en los poderes del Estado o en los ciudadanos de a pie.

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