editorial

La deuda de las eléctricas con Zamora

01.11.2015 | 00:17
La deuda de las eléctricas con Zamora

La asociación de municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas de Zamora ha iniciado una nueva etapa con la renovación de su junta directiva, que estará presidida por el alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado, y una nueva estrategia en su afán de intentar conseguir más compensaciones de las compañías eléctricas. La nueva hoja de ruta pasa por rebajar la presión judicial e incrementar los contactos con partidos políticos y agentes sociales con el fin de forzar cambios en la legislación nacional para que sea más favorable a sus intereses.

Los ayuntamientos de los municipios que tienen parte de sus términos anegados por el agua de los pantanos destinados a la producción de energía eléctrica y por instalaciones de conducción de la misma entienden que la valoración de terrenos y la servidumbre que supone la ocupación de un espacio de dominio público han cambiado y, por tanto, las empresas generadoras deben revisar al alza las indemnizaciones que pagan. Reivindican una subida del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y que se reconozca legislativamente el "coeficiente de situación", para que las tasas se fijen teniendo en cuenta la ubicación de las centrales, valorando de forma diferente la superficie que ocupan.

Los municipios reclaman una revisión al alza del valor catastral de los embalses, lo que supondría una mayor aportación de las eléctricas en concepto de impuestos aplicables a un bien de características especiales. Ponen como ejemplo, la presa de Ricobayo, con un valor catastral fijado en 2008 de 38,5 millones de euros. Este pantano anega terrenos de 17 términos municipales, que reciben anualmente entre 1.000 y 64.000 euros, una cantidad que consideran escandalosamente insuficiente.

Zamora es una de las provincias con más embalses y zonas inundadas, vegas muy productivas en algunos casos. Las infraestructuras de conducción de la energía ocupan también terrenos públicos y privados, dedicados a la agricultura y a la producción forestal. La compensación que reciben los municipios es muy pequeña, fijada en base a unos criterios que han quedado obsoletos y unas valoraciones fijas sin tener en cuenta la singularidad de cada zona y el "coste humano" que han supuesto los embalses, al forzar el exilio humano de miles de personas, en el caso de la provincia representado en Argusino de Sayago y varios pueblos del valle del Tera.

La crisis económica ha obligado a los ayuntamientos a apretarse el cinturón y a buscar recursos para poder seguir prestando los servicios básicos a sus vecinos. La merma de aportaciones estatales, autonómicas y provinciales los ha llevado a hacer encaje de bolillos para subsistir. Por eso, en los últimos años han reforzado sus reivindicaciones frente a las sociedades eléctricas. Aprobaron modificaciones de las ordenanzas municipales y apostaron por la vía judicial ante los recursos presentados por las compañías. La iniciativa ha sido efectiva porque la recaudación por IBI de los 800 municipios de toda España con embalses, se ha triplicado desde 2002, pasando de los 16 millones de euros que cobraron ese año a las firmas generadoras de kilovatios a los 64 millones que facturaron en 2008.

Las sentencias favorables a favor de algunos municipios sobre el IBI animaron a los demás a ir al juzgado. También lo hicieron las eléctricas que recurrieron las nuevas ordenanzas y, en muchos casos, ganaron porque los jueces entienden que la valoración de los terrenos de dominio público está sobrevalorada. De ahí la nueva estrategia de los pueblos que buscan negociar cuantías asumibles para las empresas y conseguir compensaciones justas.

El precio de la luz en España subió el doble que en la UE durante la crisis. Las compañías se defienden y argumentan que desde 2008 un 73% del incremento de la factura se debe a los impuestos, las tasas, los recargos y los costes fijos que aumentan sustancialmente ese importe. Sea como fuere, está claro, porque así lo dicen los balances de las empresas, que los beneficios de estas no han dejado de crecer desde 2008.

En Zamora, en los últimos años, ha crecido el sentimiento "victimista" respecto a las eléctricas y se han activado viejas quejas. La provincia siempre ha reivindicado una "discriminación positiva" que nunca se ha producido. El coste de la luz es igual aquí que en las provincias donde no hay embalses, a pesar de que, según mantienen algunos estudios, se pierde más del 15% de energía en el transporte. Que el IVA de las facturas se pague, además, en otras comunidades autónomas, no ayuda a serenar el clima.

Por eso, que se revise al alza el IAE y otros impuestos y tasas que pagan las compañías a los municipios donde se ubican las centrales hidroeléctricas parece justo y la mejor manera de compensar una ocupación de terrenos que también han incrementado su valor. Sería, además, una manera de paliar ese sentimiento "victimista" y de normalizar las relaciones entre las empresas que crean riqueza del agua y los municipios que prestan sus terrenos para ello.

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