Si alguien tiene la ocurrencia, que diría Rajoy, de teclear su propio nombre en Google puede encontrarse con la desagradable sorpresa de hallarse en una lista de deudores de las administraciones locales, habituales en los boletines de las provincias, aunque sea por no pagar la multa de la ORA al haber aparcado sin ticket, o por no haber pagado el impuesto por el perro. Pero a quienes no se encontrará es a los grandes morosos, empezando por las mismas instituciones.
Pero a partir de ahora, del 1 de diciembre concretamente, y como estamos en elecciones, la cosa cambia y el Gobierno tiene decidido, porque así se contempla en la reciente ley de la Administración Tributaria que se hagan públicas las listas de quienes deben grandes sumas, más de un millón de euros, a la Hacienda pública. Y resulta que en este caso hay 5.000 deudores, la mayor parte sociedades, aunque no menos de mil son personas no jurídicas sino físicas. Eso sí, la publicación solo durará tres meses y no aparecerá para nada en el buscador de Google, faltaría más. Incluso ahora se comenta la posibilidad de dejar las listas hasta comienzos del año próximo, que el 20 de diciembre hay que votar y no se vayan a enfadar algunos, por muy legal que sea todo, que lo es.
Como legal es, para cumplir en cuanto a los impuestos se refiere, que los españoles declaren los bienes que poseen en el extranjero, ya sea en propiedades inmobiliarias o en cuentas corrientes. Más de 15.000 millones de euros hay declarados, la mitad de ellos en Suiza y otros paraísos fiscales. Luego les hay que se escandalizan y ponen el grito en el cielo porque los de Podemos defiendan una renta básica de 600 euros al mes para los que no perciben nada, pero nada de nada. Supondría un coste de 15.000 millones al año, que saldrían de aumentar los impuestos a los muy ricos y a los ricos, que ya hace tiempo desactivaron con sus feroces campañas en contra la posibilidad de que Iglesias toque poder.
Se trata con todas estas comedidas medidas de transparencia y regeneración democrática de hacer como si se hace algo para que, en el fondo, todo siga igual. El Gobierno, a la desesperada, busca los votos perdidos y no para en barras para conseguirlo. Hasta Rajoy inauguraba el otro día una oficina jurídica que todavía no se ha creado mientras en Zamora, con un Alvia se hacía como que se inauguraba el primer viaje del AVE. Todo lo cual cuesta dinero, y mucho, pero eso no les importa y todo vale para seguir disfrutando del poder. Por ejemplo, en lo que va de este año tan electoral se han registrado 60.000 nuevas contrataciones en las más que hinchadas administraciones públicas.
Es una forma de rebajar el paro, desde luego, aunque la EPA cante también el descenso de la ocupación laboral, y los datos de la encuesta del tercer trimestre resulten tan parecidos en todo, empezando por los índices de desempleo, a los obtenidos hace cuatro años, en octubre de 2011. Las únicas diferencias notables son que ahora hay mucha mayor temporalidad y precariedad en el puesto de trabajo. Aunque, eso sí, entonces se iba a peor mientras en la actualidad existe alguna esperanzadora mejoría.
