Pues lo que se temía, ya está aquí. Pese a que desde el entorno de los independentistas catalanes había trascendido una implícita voluntad conjunta de aguardar a las elecciones generales de diciembre antes de iniciar el proceso separatista con el fin de evitar que el presidente del Gobierno de la nación pudiese tomar medidas drásticas, como la suspensión de la autonomía, que le diese votos al PP, finalmente la presión de los secesionistas radicales de CUP ha hecho que ante el Parlament de aquella región haya sido presentada una propuesta mayoritaria para la declaración de inicio del proceso de creación del Estado independiente de Cataluña en forma de república.

Van más que en serio, pues, y deprisa, tal como anunciaron tras su triunfo en los comicios del pasado septiembre. Tres años de chulería, de fanatismo, de mesianismo secesionista, en plan desafiante, ante la pasividad de un Gobierno que lo más que ha sabido o querido hacer es recurrir a la justicia, con los resultados que a la vista están. A Rajoy ni le temen ni le respetan. Pero al presidente, ahora, no le ha quedado ya otra que salir a dar la réplica institucional, aunque muy pocos días hace que todavía volvía a ofrecer diálogo y entendimiento, oferta siempre recibida con desprecio por Artur Mas y sus adláteres del separatismo suicida que postulan y del que parecen ir firmemente en pos. Lo que Rajoy ha afirmado, aunque tampoco se trata de la primera vez, es que el Gobierno frenará con todas las armas de la ley la provocación de los independentistas catalanes. Pero parece que a Rajoy nadie le escucha, como lo demuestra la escasa audiencia que tuvo su reciente entrevista en TVE.

Ahora va a tener que enfrentarse de una vez y para siempre, tras tanto tiempo esquivándolo, al gran reto del gran problema catalán. El mal hay que cortarlo de raíz y eso es lo que no hizo en su momento el Gobierno pese al riesgo que suponía dar alas a tan peligroso movimiento. Los partidos de la oposición han sido unánimes en el clamor contra el desafío. En Cataluña, los grupos del no a la soberanía, PP, PSOE y Ciudadanos han presentado un recurso que, por supuesto, no va a servir para nada, desde el momento que Convergencia, Ezquerra y CUP forman mayoría. Entonces, tendrá Rajoy que recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional que, con los poderes ejecutivos que le han sido otorgados puede suspender las funciones del presidente autonómico. Pero los secesionistas ya han advertido que harán caso omiso.

La única solución posible, con todas las consecuencias, sería entonces la aplicación a todos los efectos del artículo 155 de la Constitución que permite la suspensión total de la autonomía por actuar de forma que atenta gravemente al interés general de España, forzando así al cumplimiento forzoso de las leyes. Aunque tampoco parece que eso preocupe demasiado en los ámbitos independentistas, o al menos eso simulan. Y encima, con el Congreso y el Senado disueltos ante la convocatoria de las generales. De cualquier modo, lo que no se sabe es si esta tardía determinación, si es que finalmente se llega a producir por parte del Constitucional o del Gobierno, le dará votos a Rajoy o le dará la puntilla.