Que Mario Isea, con quien tengo una relación de respeto y cordialidad, defienda el régimen bolivariano de Venezuela es entendible. A fin de cuentas él es el máximo representante en España del Gobierno de Maduro y cobra de ese régimen. Pero que el alcalde de Zamora califique a Venezuela como "un país democrático" es absolutamente inaceptable.
Pese a estar en las antípodas ideológicas, creo que Guarido es un demócrata; y creo que su afirmación es fruto del desconocimiento, porque estoy convencido de que si conociese la realidad de Venezuela, las barbaridades, la brutalidad, el avasallamiento de las leyes, la vulneración de derechos, el atropello constante a las libertades con que el régimen chavista, ahora presidido por Maduro, oprime a los ciudadanos de Venezuela, no habría calificado a ese hermoso país como "un país democrático". En el ánimo de mostrar al alcalde Guarido, y a cuantos tengan la amabilidad de leer este artículo, la dura realidad venezolana, van dirigidas estas líneas.
En los últimos años he tenido la oportunidad de viajar a Venezuela en 12 ocasiones. He asistido a todos los procesos electorales, desde el revocatorio de Chávez, en 2004. Al principio como observador electoral internacional y en los últimos años, dado que el Gobierno no permite observadores, como "acompañante internacional" invitado por la Mesa de la Unidad Democrática que, como es sabido, es la organización que aglutina a 34 partidos políticos y organizaciones sociales del más amplio espectro político desde la izquierda comunista, pero democráticas, partidos socialdemócratas, liberales, de centro, hasta partidos de derechas.
Mantengo una fluida comunicación con sus líderes más significados: Henrique Capriles, Henry Ramos, Antonio Ledezma, Leopoldo López, M.ª Corina Machado, Ramón Guillermo Aveledo, Julio Borges, Teodoro Petkov y un larguísimo etc. He tenido la oportunidad en estos años de promover y participar, en nombre del Grupo Popular, en 52 debates parlamentarios en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y en el Pleno del Senado. Con toda modestia, creo conocer bastante bien la realidad del país para afirmar que el pueblo venezolano soporta hoy una dictadura. Una dictadura, muy dura, que ha sumido al país en una terrible triple crisis.
Una crisis política que tiene a sus principales líderes políticos presos o inhabilitados, sin que haya mediado ninguna resolución judicial.
Una crisis económica que tiene desabastecido hasta límites inimaginables a un país que produce 3 cosechas cada año, porque el régimen ha destruido todo el tejido productivo con las invasiones y ocupaciones de tierras e industrias. Y una crisis social con cifras de guerra: más de 300.000 asesinatos desde que llegó el chavismo (solo en el último año, más de 25.000), que han convertido a un país que fue una democracia próspera hacia la que emigraron muchos españoles, en el segundo país más inseguro del mundo.
Recuerdo muy bien la primera de esas 52 iniciativas parlamentarias; fue en 2005 ante el Pleno de la Cámara, para denunciar la terrible situación que sufrió una mujer española. Marbella es hija de empresarios canarios y vivía en el municipio de Veroes, en el estado de Yaracuy, en una finca que sus padres habían adquirido en los años 50. Una triste mañana aparecieron en la finca varios hombres de los círculos bolivarianos, armados y acompañados por funcionarios del INTI (Instituto Nacional de Tierra). Les conminaron a que abandonaran de inmediato la finca; y como ella y su esposo se resistieron a abandonar su propiedad, la rociaron con gasolina y con un mechero en mano la violaron 7 veces, en presencia de su marido, al que después pegaron dos tiros.
Marbella veía cada mañana en San Felipe, donde vivía, a sus violadores y asesinos de su esposo. Se cansó de denunciarlos ante la policía y las autoridades sin que recibiese de ellos más que mofas y burlas? Hoy, afortunadamente, vive en la isla de La Palma tras conseguir salir del país.
Como este terrible caso hemos denunciado 300 más de ciudadanos españoles a los que el régimen arrebató sus propiedades agrícolas e industriales: la familia Solorzano, Antonio Ruiz Zapata, el Matadero Industrial de Barinas, Agroisleña y una larguísima sucesión de ocupaciones de fincas e industrias productivas por los estados de Zulia, Táchira, Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, que han destruido la producción y han conducido al desabastecimiento y al hambre.
La libertad de expresión y la libertad de prensa, elementos esenciales de una democracia, ya no existen en Venezuela. En un solo día el entonces presidente Chaves ordenó el cierre de 37 emisoras de Radio Caracas Televisión, la mayor y más popular cadena de televisión del país. Algo similar ocurrió con Globovisión y con infinidad de emisoras de radio y periódicos locales que no eran afectos al régimen.
La represión hacia la disidencia política ha caracterizado al chavismo. Los casos de Richard Blanco, diputado encarcelado durante 8 meses sin mandato judicial alguno, las agresiones físicas al propio Parlamento Nacional, con la complacencia del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, hacia los diputados M.ª Corina Machado y Julio Borges. El encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, son buena muestra de ello.
El caso bien conocido de Leopoldo López, encarcelado y torturado desde hace 20 meses y cuya condena a 14 años de prisión, en una burla de juicio, sin ningún tipo de garantías, ha alarmado al mundo. Junto a Leopoldo, hay hoy en Venezuela otros 75 presos políticos encerrados en el sótano -a 15 metros de profundidad- de una cárcel a la que llaman "la tumba".
Algunos casos menos conocidos como el de Franklin Brito que murió después de 5 huelgas de hambre, reclamando la finca que le había arrebatado el chavismo, o el del comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión con "pruebas fabricadas", a quien sometieron a torturas físicas y psicológicas hasta límites inimaginables, son testimonios de la crueldad del régimen.
El chavismo ha liquidado también un principio esencial de la democracia: la separación de poderes.
El poder Legislativo, pese a que la mayoría de diputados pertenecen al chavismo, está anulado a través de la denominada "Ley Habilitante" que utilizó Chaves varias veces y que ahora Maduro mantiene vigente. Esta Ley permite al presidente de la República aprobar, mediante Decreto, todo tipo de leyes y normas sin que el Parlamento las debata ni las apruebe. Cuando los parlamentarios de la oposición denuncian esta antidemocrática situación la respuesta es siempre la misma: agresiones, incluso físicas e inhabilitaciones ordenadas por Cabello sin que ningún órgano judicial intervenga. Como es bien sabido, en un país democrático son los Tribunales de Justicia los órganos capacitados para inhabilitar mediante sentencias judiciales firmes.
El poder Judicial en Venezuela está plenamente sometido al dictado del Gobierno. La inmensa mayoría de los jueces son provisionales y los nombra el Gobierno. Su sometimiento es de tal magnitud que no se conocen casos en los que un Tribunal haya fallado en contra de la voluntad del Gobierno, y cuando algún juez ha osado a hacerlo las represalias han sido terribles.
Es bien conocido el caso de la jueza M.ª Lourdes Afiuni. Afiuni, atendiendo los mandatos recibidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en cumplimiento de la propia legislación venezolana, decretó la puesta en libertad, con medidas cautelares, de Eligio Cedeño, un ciudadano venezolano que llevaba más de 3 años en prisión sin haber sido juzgado.
La irritación de Chaves le llevó a manifestar a través de la televisión pública: "Esa juez es una bandida. Deténganla de inmediato y métanle 30 años de prisión". Al día siguiente la fiscal ordenó su detención y encarcelamiento y unos meses después fue condenada a 30 años de prisión. Chaves no solo ordenó su detención, también la juzgó y la condenó en un mismo acto.
Afiuni fue encarcelada en una prisión donde había 29 presas delincuentes comunes, que habían sido condenadas por ella. Las vejaciones que soportó allí, las humillaciones y las violaciones no son descriptibles. Ella me las contó en las dos ocasiones en las que la visité, y el respeto al lector y el pudor me impiden reproducir los detalles.
Los máximos órganos de todas las magistraturas de los países democráticos del mundo denunciaron la barbarie, también el consejo General del Poder Judicial de España. Nada modificó la decisión; hoy, después de padecer gravísimos quebrantos en salud, M.ª Lourdes Afiuni está encarcelada en su propia casa, de la que no se le permite salir, teniendo en la entrada del edificio una patrulla del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y dos policías militares en la puerta de su casa.
Quiero también hacer una breve referencia a lo que algunos recurren para calificar el régimen venezolano de democracia; que son las elecciones. Quizás muchos no sepan que mientras en las democracias más consolidadas se vota con papeleta y urna, en Venezuela se vota en un ordenador y se identifica a las personas no con su DNI sino con su huella dactilar, a través de una máquina que allí llaman "cazahuellas".
En Venezuela circulan desde años la "Lista Tascón" y la "Lista Maisanta", en las que aparecen aquellos venezolanos quienes votaron, qué votaron, dónde viven y en qué trabajan. Es una manera de decirle al votante "Sé quién eres, dónde vives y lo que votas?, atente a las consecuencias". De esa forma se amedrenta a todo aquel que piense votar en contra del Gobierno, porque ya sabe lo que le va a ocurrir.
Esta es una de las muchas perversiones de un sistema que, por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas la oposición consiguió el 52% de los votos, pero solo tiene el 38% de los escaños.
Todos estos hechos, datos, fechas, son perfectamente contrastables. No son opiniones, son datos verificables y constituyen una pequeña muestra de la realidad cotidiana que soporta un pueblo por tantas razones unido a nosotros los españoles.
Quisiera añadir un último dato: allí, en Caracas, conocí en 2005 a Juan Carlos Monedero. Me acompañaba el senador Anasagasti del PNV, que puede dar fe de ello. Ambos vimos y escuchamos cómo Monedero se jactaba de su trabajo de asesoramiento al chavismo en la construcción de un cuerpo legislativo que desarrollase la que llamaban "Revolución del Socialismo del siglo XXI". Las leyes habilitantes, la ley de tierras ociosas y tantas otras que sirven de instrumento a la represión del chavismo son fruto de aquellos asesoramientos.
Confío en que estos comentarios sirvan para acercar al lector a la durísima realidad que vive un país hermoso, en el que viven varios cientos de miles de españoles, también zamoranos. Un país lleno de riquezas naturales, de paisajes maravillosos y de gente acogedora que todavía no se explica cómo han podido llegar a esta angustiosa situación. Confío también en que al alcalde Guarido le hayan servido para ser más prudente a la hora de calificar como democracia a un régimen que no lo merece.
