Dicho y hecho, las Cortes regionales apuran estos días el plan de trabajo, la composición, la metodología y el funcionamiento de la comisión parlamentaria de investigación de la trama eólica, solicitada por el Grupo Socialista y que tiene en el punto de mira a determinados altos cargos de la antigua Consejería de Economía. Más allá de las formas y las pautas de aplicación del reglamento para estos órganos tan inusuales en Castilla y León -basta recordar que el último fue en el año 1997-, lo cierto es que la Cámara ha procedido con agilidad y la previsión es que la comisión comience a funcionar a mediados de este mes. Antes, queda por dilucidar si la comisión tendrá o no carácter público, como sí es deseo de todos los grupos de la oposición y cuya resolución final está ahora en el tejado del PP. Esa publicidad requiere el consenso por escrito de todos los grupos parlamentarios y, aún así, los comparecientes que se nieguen a ello tendrán derecho a la confidencialidad y al secreto de sus intervenciones.

Dicho esto no podemos sino aplaudir la mayor transparencia posible para un trabajo de investigación que pretende esclarecer el presunto cobro de comisiones por parte de altos cargos a cambio de la autorización de parques eólicos. Ahora bien, siempre desde la escrupulosa objetividad para no convertir este tipo de órganos parlamentarios en una especie de espectáculo del revanchismo o de circo en el que exhibir impunemente a los intervinientes.

En aras al rigor, y dado que se anuncian más peticiones de investigación, es conveniente apelar a ese ejercicio de responsabilidad por parte de un hemiciclo atomizado, de tal suerte que los grupos minoritarios no solo vean en estos instrumentos un notorio y excepcional altavoz a sus planteamientos y los mayoritarios no acaben por hacer uso de su poder cuántico como así certifican las hemerotecas. Se trata de toda una prueba del nueve para unos y otros, porque a los dieciocho largos años sin comisiones de investigación se añade la plural e inusual composición política del nuevo Parlamento autonómico. Así las cosas, no solo está en juego lo sustancial de este procedimiento, o sea, aclarar si hubo o no cobro de comisiones por parte de altos responsables de la Junta, sino también la altura de miras de los grupos políticos y la cintura política de los nuevos actores. De ahí que, junto a la transparencia, sea deseable exigir también la mayor celeridad posible en los trabajos a investigar para no convertir la comisión en un juicio sumarial interminable en el que, además, cada uno acude ya con un veredicto preconcebido. Mal harían sus señorías en tomárselo de otra manera.