Que la provincia de Zamora no sea la de Cádiz no solo tiene que ver con el sol y el mar. Que solo 3 municipios de entre 248 tengan más de 5.000 habitantes en la una, frente a los 32 municipios de entre 44 en la otra, nos dicen bien a las claras que los diagnósticos y las recetas deben ser muy distintos en ambos casos. Ciento noventa mil zamoranos repartidos por 10.500 kilómetros cuadrados frente al millón doscientos mil gaditanos en tres mil kilómetros cuadrados menos requieren poca argumentación más.

Lo mismo cabe decir de los paralelismos entre comunidades como Castilla y León y Andalucía por poner dos ejemplos. La nuestra, con una superficie mayor a la de Portugal (94.000 kilómetros cuadrados) para dos millones y medio de habitantes (mayormente envejecidos por otro lado) debe ser tratada, estructurada y organizada en cuanto al acceso a la administración y a la llegada de los servicios públicos a cada uno de sus ciudadanos de manera obligatoriamente distinta a una comunidad con menor territorio pero que la triplica en número de habitantes. Solo así se podrá aspirar a un mantenimiento y un desarrollo sostenibles y viables.

El nuevo mapa de unidades básicas de ordenación rural para la prestación de servicios que acaba de presentar la Junta de Castilla y León es el mejor y mayor avance, en lo que a ordenación del territorio y a garantizar la menor desigualdad en cuanto a la capacidad de acceso a los servicios por parte de los ciudadanos de las áreas rurales se refiere, desde el siglo XIX.

El nuevo diseño es un empeño personal del presidente Herrera y del consejero de Presidencia De Santiago Juárez, en cuya elaboración llevan embarcados las últimas legislaturas, desbrozando posiblemente el más complicado de los terrenos en nuestra comunidad y enfrentándose sin ambages al ministro Montoro y a sus extraños aliados en Castilla y León, con el zamorano Martínez Maíllo-Toribio, siguiendo el guion del ministro andaluz, como su máximo exponente en la defensa de un modelo que hubiera resultado inaplicable sin romper completamente con la estructura institucional, histórica y de convivencia de nuestra comunidad.

Quedan por rematar flecos como el encaje satisfactorio de Benavente y otros, cuestiones que deberán definirse mediante el diálogo y la aportación durante el trámite de información pública que se abre, así como durante el propio desarrollo e implementación efectiva del mapa virtual de servicios.

Solo cabe ser optimistas, entre otras razones por una voluntariedad que facilita que el modelo triunfe por el convencimiento sobre sus ventajas y consecuencias positivas y no por la imposición con la que con demasiada frecuencia se obliga a alcaldes y vecinos a comulgar con ruedas de molino. A partir de ahora estamos mucho más cerca de garantizar la pervivencia de nuestro medio rural y el futuro de Castilla y León y la provincia de Zamora.

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