COLUMNA DEL LECTOR

Responsabilidades en el caso Valparaíso

21.09.2015 | 00:41

ante las manifestaciones de la Delegación Territorial de la Junta publicadas en "LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA" del pasado día 12, que exculpan a la Administración territorial de la Junta de Castilla y León de toda responsabilidad en las demoras vergonzosas, injustificables y punibles impuestas a un proyecto ejemplar y solidario, por mí denunciadas previamente en el mismo diario, tras unos días de ausencia y algunas vacilaciones, para que no me apliquen aquello de que el que calla otorga, he resuelto hablar de nuevo.

Mire usted: Yo no me dedico a las soflamas políticas, ni a engañar ni a soliviantar a nadie y, por respeto a la ciudadanía, procuro informarme antes de informar.

En mis declaraciones del día 11 afirmé y ahora sostengo y ratifico que el retraso intolerable en la tramitación del proyecto básico de centro de estancias diurnas para enfermos de alzhéimer en el palacio de Valparaíso se debe a la Administración municipal de Toro dirigida por el Partido Popular y a la Administración regional de la Junta de Castilla y León. Como no se ha cuestionado la primera de tales imputaciones, renuncio ahora a relatar las acciones y omisiones deplorables en que la fundamento. Es patente que los ocho primeros meses de tan desesperante espera son achacables en exclusiva al desconsiderado proceder de aquellos rectores del Ayuntamiento de Toro; pero en los otros cinco meses y medio de demora la Junta no puede eludir su responsabilidad.

El incordio de la Administración regional, con secuelas lamentables para enfermos y familiares, comenzó exactamente el 27 de marzo de 2015. Me da la sensación de que usted todavía no se ha enterado de lo tratado en la reunión que aquel día mantuvieron "técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León" con el arquitecto municipal de Toro. Pues le diré que aquellos funcionarios conspicuos, especializados al parecer en ahogar iniciativas y en matar anhelos, no sé si debidamente autorizados por la superioridad, con una agudeza digna de mejor causa llegaron a la deslumbrante conclusión de que las actividades e instalaciones contempladas en nuestro proyecto no podían someterse, como nosotros, ingenuos, pretendíamos, "al régimen de comunicación ambiental" de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León; que requerían "licencia ambiental", lo que implica un trámite paralizante y del todo innecesario en este caso, que, contando con la negligencia habitual de la misma Administración, no ha terminado todavía y solo Dios sabe cuándo acabará.

Si no me cree, puede verificar usted mismo que los asertos antecedentes los he extraído de un documento oficial fechado el pasado 30 de marzo e incorporado al expediente, que me niego a transcribir ahora por consideración a los lectores, para ahorrarles el castigo de leer un texto tan incorrecto y desaliñado, que su autor hoy se vería negro para superar las pruebas de suficiencia del tercer curso de la ESO.

¿Podría precisarme usted, pues el documento aludido lo silencia, en qué poderosas razones se basaron esos flamantes servidores de la Administración autonómica para recetar que el centro de estancias diurnas de nuestro proyecto es más asimilable a un disco-bar que a una residencia de ancianos y requiere, en consecuencia, licencia ambiental?

¿Qué emisiones contaminantes y qué riesgos medioambientales han supuesto esos técnicos portentosos del servicio territorial de Medio Ambiente que pueden devenir de un centro de acogida de enfermos de alzhéimer?

¿A usted le parece normal que los mismos no se percataran del trato desigual, de la descarada falta de equidad que supone que en la propia ciudad de Toro, hace poco tiempo y con la venia del arquitecto municipal reunido con ellos, se tramitara sin tal exigencia el proyecto de Intras para discapacitados?

Tampoco alcanzo a comprender cómo los susodichos pueden llegar a una conclusión tan disparatada partiendo de la interpretación de una ley como la de Prevención Ambiental, que intenta precisamente facilitar los trámites, aunque con una redacción enlodada, fatigante y vomitiva, que convierte su lectura en un suplicio. Tal vez por eso no la hayan estudiado tan ocurrentes servidores públicos.

Lo acordado por esos señores contradice flagrantemente el espíritu de dicha normativa, la 8/2014, de 14 de octubre; se da de tortas con la intención explícita del legislador de "agilizar y reducir al máximo los trámites administrativos necesarios", reiterada en parecidos términos en la exposición de motivos, donde se hace constar que la "primera" de las circunstancias determinantes de tal modificación legal "responde directamente a la actual coyuntura económica, que requiere la adopción de medidas orientadas a dinamizar la actividad económica, basadas en la racionalización y simplificación procedimental, así como en la supresión y reducción del coste de tramitación para las empresas?".

Queda claro que en el caso que nos ocupa, que ojalá fuera excepcional, la administración territorial ha conculcado tan razonables propósitos y no necesita detractores porque se ha desprestigiado a sí misma. Tal vez tamaños desatinos, tan perjudiciales para la ciudadanía, pudieran corregirse si encomendaran siempre las jefaturas de los servicios territoriales a personas cualificadas y altruistas, en lugar de concebirlas, según dicen que sucede en ocasiones, como pesebres para alimentar lealtades partidistas.

Espero que lo expuesto le baste para cerciorarse de que mis quejas no son gratuitas y de que lo sucedido al proyecto de Valparaíso no es efecto de un "trámite administrativo ordinario", sino de un disparate irracional y frustrante, de efectos muy perniciosos que la Junta está moralmente obligada a reparar.

José Navarro Talegón

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