Hace poco más de un año se creaba y se ponía en marcha en Zamora un colectivo formado por asociaciones políticas, sindicales, sociales y ciudadanas que, bajo la denominación de Movimiento para la Defensa de la Sanidad Pública, pretendía y pretende frenar el deterioro producido en los últimos años en el sistema debido a los recortes impuestos desde la Junta de Castilla y León, que promovió hace un par de años una profunda reestructuración que afectaba tanto a la capital como a los núcleos rurales, pero a estos, a los pueblos -que vieron mermada su calidad asistencial-, muy especialmente. En las pasadas elecciones de mayo el PP ha pagado en la provincia una cara factura por ello.

Ahora, desde el mismo colectivo se anuncia a la población que la polémica reestructuración, que tan malos resultados ha dado, tanto para los pacientes como para los profesionales de la sanidad que no han dejado de protestar por las medidas tomadas, va a continuarse ya, en cuanto pasen las generales del mes de diciembre, porque así está escrito y aprobado. Una segunda fase con la que se pretende, siempre según el Movimiento, suprimir otras tantas plazas de médicos y enfermeras en la región, e incluso superando las cifras anteriores: 180 y 45, respectivamente. Por lo que a Zamora respecta, desaparecerían otros 25 médicos y 14 plazas de enfermería. O sea, que si ahora ya se está en precario tras el ajuste anterior, es fácil imaginar a qué niveles de funcionamiento se puede bajar todavía.

Naturalmente, la Junta lo niega todo y en la provincia zamorana su delegado repite la negación, pero sin aportar ninguna prueba de que así vaya a ser. El decreto de restructuración sanitaria sigue vigente, nunca ha sido derogado, y solo se ha aplazado para dejar pasar las elecciones, afirman los integrantes de la plataforma en defensa de la sanidad. La cuestión es que a ver a quién se cree más, si a ellos o a los políticos. Aunque puede que tal vez el nuevo parlamento regional, donde han entrado Podemos y Ciudadanos, sea capaz de hacer algo en este sentido. Pero el PP sigue gobernando en Castilla y León, y ese es el problema. Más grave aún en Zamora, con una población escasa y envejecida que, en vez de merecer una mayor dedicación por parte de quienes gestionan el sistema de salud, parece como si les sirviese de cómodo pretexto para inhibirse, lo que deriva en una atención deficitaria, tanto en la capital como en los pueblos donde la Diputación provincial nunca alza la voz en defensa de servicio tan básico.

Una falta de medios clamorosa, y no solo humanos, sino técnicos. Es la única comunidad sin tarjeta electrónica, la informatización se hace a trompicones, y el sistema empleado origina constantes problemas. Las consultas se colapsan, los servicios de urgencias se abarrotan, las esperas para los especialistas se alargan semanas y semanas, las listas para las intervenciones quirúrgicas siguen creciendo, y esto es lo que hay. Hasta en las evaluaciones de la sanidad pública se admite que la anterior calificación de buena se ha quedado en regular. Que haya otras autonomías que funcionan peor no es ningún consuelo. La Junta tiene que reaccionar y hacer algo más que ahorrar. Ahorrar en salud, nunca.