Diplomacia versus derechos humanos

El irresoluble conflicto entre Colombia y Venezuela

04.09.2015 | 08:37
Francisco José Alonso

El conflicto colombovenezolano está lejos de solucionarse. Diariamente aumenta el número de deportados y de colombianos que deciden abandonar sus hogares en Venezuela donde han residido desde hace varios años, en medio de atropellos y dificultades de todo tipo. Desde el presidente colombiano Juan Manuel Santos, su cancillería, los expresidentes Andrés Pastrana, Belisario Betancur, César Gaviria y Álvaro Uribe han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos que se presentan en este incidente, con claridad y firmeza exigen respeto por la dignidad de todos los afectados y hacen un llamamiento al diálogo y la mediación diplomática para solucionar el conflicto.

El primer intento de diálogo se realizó en Cartagena el pasado 26 de agosto, las cancilleres Delcy Rodríguez de Venezuela y María Ángela Holguín de Colombia se reunieron varias horas sin lograr ninguna solución a los problemas fronterizos. Los temas principales tratados fueron las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando, el precio del combustible y la diferencia de precios entre los dos países que, según dijo la canciller colombiana, es lo que genera tráfico de mercancías ocasionándole un gran daño a las economías. La canciller venezolana dijo: "Seguiremos trabajando para construir una frontera equilibrada, de paz, de estricto apego a la legalidad, donde no se impongan las mafias producto de la violencia. Que se construya con el intercambio comercial sano". Esta primera aproximación diplomática solo consiguió definir los problemas a solucionar en el presente conflicto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, manifestó el pasado 28 de agosto desde Washington D.C. su profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos, reitera que, de conformidad a las normas y estándares internacionales, a los migrantes sujetos a procedimientos que puedan conllevar a su deportación se les deben respetar garantías mínimas tales como: el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular desde el momento de su detención; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y el derecho a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación. La Comisión recuerda que el Estado venezolano tiene la obligación de analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una de deportaciones que se lleven a cabo.

Sin embargo, el pasado 31 de agosto, Andrés González, embajador permanente de Colombia ante la OEA, pidió a este organismo que no se mantenga al margen, señaló que el conflicto fronterizo ha desencadenado una crisis humanitaria y solicitó una reunión de cancilleres americanos para mediar en el diálogo, por otro lado su homólogo venezolano Roy Chaderton reiteró lo que había dicho inicialmente en un comunicado publicado por teleSUR: "Las políticas de Gobierno que emprende el presidente Nicolás Maduro siguen ofreciendo garantías sociales a los más de cinco millones de colombianos que residen en el país: Es lamentable que no se informe sobre la verdadera deportación, la verdadera crisis humanitaria y la verdadera violación de derechos humanos que viven los colombianos desde hace más de 50 años", dijo el embajador venezolano. La postura venezolana era la de no aceptar intervenciones de otros países, especialmente de los Estados Unidos. La solicitud del embajador colombiano fue denegada porque no contó con los votos necesarios. La OEA recomendó un encuentro entre los presidentes Maduro y Santos y sugirió que el conflicto entre Colombia y Venezuela fuera mediado por Unisur, pero la reunión de esta organización, que esperaba celebrarse en Quito, ha sido aplazada indefinidamente. La OEA, a pesar de su postura defensora de los derechos humanos, no logró liderar el arbitraje diplomático en este conflicto. Una vez más los más necesitados de justicia son castigados por la política.

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