Día tras día

El dicho, el hecho y el Constitucional

Cifuentes suprime el Consultivo en Madrid; Herrera mira para otro lado

04.09.2015 | 08:37
Juan Jesús Rodero

Ha sido dicho y hecho. La presidenta de la comunidad de Madrid gracias a la manita de Ciudadanos, Cristina Cifuentes, prometió que se cargaría el Consejo Consultivo, y así lo va a hacer, por lo que su disolución, ya aprobada, parece que será cosa de pocos meses, como mucho hasta fin de año. Una mamandurria menos, que deja sin 100.000 euros anuales vitalicios a los expresidentes, tanto del PP como del PSOE, de aquel tinglado autonómico, y un ahorro de más de tres millones para las arcas públicas, de los cuales un millón era para pagar los salarios de los consejeros: Leguina, Gallardón y otros.

Muchos enemigos se está buscando Cifuentes en su propio partido, no porque deje sin sueldo a algunos políticos más que amortizados -pues ya se ha preocupado de advertir que se buscará para ellos una salida digna- sino porque se está convirtiendo en la representación de un nuevo PP necesario, no ya de caras nuevas e ideas viejas, sino de nuevas ideas, y todo ello dentro de un tono populista que lleva tiempo haciendo de ella una figura política emergente y con futuro, por más que el presente le sea todavía incierto, con la sombra de la espada veleta y veleidosa de Ciudadanos sobre su cabeza.

Por cierto que en Castilla y León, los parlamentarios de Albert Rivera han exigido a Herrera que cierre el Consultivo, pero Herrera ha mirado hacia otro lado. También en Zamora, Ciudadanos ha pedido que se eche el cierre a ese chiringuito innecesario que cuesta dos millones al año y que su edificio sea utilizado para menesteres útiles. Un cementerio de elefantes, sin sentido ni función, como tantas otras instituciones y organismos, empezando por el Senado, en el que los elefantes niegan que lo sean, como ha dicho Rita Barberá, la inefable exalcaldesa de Valencia, ahora senadora, y ponen de relieve su veteranía como un mérito que hay que valorar y pagar.

No ha faltado quienes han visto el asunto como electoralista, aunque no parece que ello le vaya a proporcionar muchos votos al PP. Pero Rajoy está tan al borde de la desesperación, porque siente que el Gobierno se le va de las manos pese a las encuestas -el paro y la destrucción de empleo vuelven a repuntar y eso que no ha acabado el verano- que se agarra a cualquier fleco posible del electoralismo, por discutible que pueda resultar. Así, ahora, esa propuesta de ley para modificar el Tribunal Constitucional y otorgarle poderes sancionadores y ejecutivos por lo que pueda ocurrir el día 27 en Cataluña. Una decisión tomada sin consenso, de forma unilateral, apoyada en su mayoría y que es muy criticada por toda la oposición que la contempla como oportunista e innecesaria.

Pero el PP sabe que eso le puede dar votos entre los suyos a la par que exime a Rajoy de medidas drásticas en caso de que en las urnas ganen los partidarios de la secesión. Lo que pasa es que ese es un caso ya contemplado en la Constitución, lo que convierte la decisión del Gobierno en un reconocimiento más de su incapacidad. Rajoy insiste en que le saquen las castañas del fuego, cuando la Carta Magna permite la suspensión de una autonomía y hasta el estado de excepción si peligra la unidad de España.

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