Tal y como prometieron en sus programas electorales los partidos de izquierda que con sus pactos gobiernan ahora muchos de los ayuntamientos anteriormente en poder del PP, una de las primeras tareas que han acometido o se disponen a acometer ya es la auditoría de la situación económica heredada de sus antecesores: el estado de las cuentas. Se levantan las pesadas alfombras, se corren las tupidas cortinas, y se deja entrar el aire nuevo y fresco, a ver qué se encuentra, lo que puede proporcionar resultados tan desagradables como temidos pero a los que no queda otro remedio que enfrentarse.
Lo más llamativo hasta ahora es lo de Cádiz donde el pintoresco alcalde de Podemos ha hallado una deuda centenaria, no de años, sino de millones: 275. Y Madrid, donde tras el breve paréntesis veraniego se van a crear sendas comisiones de investigación parlamentaria tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad, con el fin de auditar las cuentas, que pueden ser, según se comenta, peores aun de lo que se espera, y se espera mucho dadas las megalomanías ostensibles de las que han hecho gala todas o casi todas las autoridades del PP en la capital de España.
En Zamora, Guarido reiteró en su campaña del 24-M que le llevaría a la Alcaldía de la capital con el apoyo del PSOE, que habría una auditoría en el Ayuntamiento, pero el asunto parece haber quedado un tanto relegado, aunque no olvidado, ante la prioridad que exigían otros temas que el anterior equipo de gobierno había dejado pendientes, que no eran pocos. Entre ellos, ese débito, en parte ya pagado, de los cuatro o cinco millones de euros que costará a los zamoranos el fantasmal edificio que nunca se construyó. Lo cual justifica ya por sí mismo la realización de un estudio a fondo sobre la verdadera situación financiera de la institución que, además, va a bajar tasas e impuestos, de acuerdo con el programa electoral de IU, lo que reducirá esa fuente de ingresos, tan utilizada por el PP.
La cuestión es cómo deben hacerse esas auditorías y por parte de quién. Claro que para los de Rajoy ni siquiera deben llevarse a cabo tales investigaciones pues para eso, alegan, ya está el Tribunal de Cuentas esa institución cuyos enchufados y cuyos retrasos en sus informes se han hecho famosos. Pero los demás no opinan lo mismo, como es lógico y natural, sobre todo teniendo en cuenta los 1.700 casos de corrupción que andan por los juzgados y que hacen de la regeneración democrática un objetivo básico. La transparencia tiene que ser algo más que hacer pública una lista cocinada de ingresos y patrimonio. Hasta Ciudadanos, convertido en báculo del PP, se ha unido a la investigación de Madrid. Y en ese punto es donde surge el debate, acerca de si las auditorías deben hacerlas los partidos o los profesionales. Razones hay a favor y en contra para las dos opciones. Lo más objetivo, dentro de lo que cabe, sería que fuesen realizadas por auditores contratados según las normas. Y que luego las comisiones dieran a conocer los resultados y procedieran en consecuencia. Pero una institución pública y democrática debe ser auditada por los representantes políticos de los electores.
