Como el PP necesita no menos de dos millones de votos para aspirar a seguir disfrutando del poder, aunque sea apoyando su decrepitud en el báculo de Ciudadanos, el Gobierno se ha puesto que lo tira con lo que cree razonablemente que es el único vivero al que pueden arrimarse: el de los empleados públicos, tres millones de funcionarios y contratados contra los que ha cargado sin miramiento alguno en los años anteriores pero que ahora pueden representar su último recurso para tratar de salvar los muebles, y más si se tiene en cuenta el montante de votos cautivos y clientelistas que pueden suponer.

Así que Rajoy no se para en barras y les dice todo lo que el PP cree que quieren escuchar: que les sube el sueldo, que les pagará parte de la paga extraordinaria que les adeuda, que les restituirá los días libres para asuntos personales: los "moscosos", que aumentará los permisos de maternidad antes de que el parto se produzca, y más. A ver si dos de los tres millones acuden al reclamo. Que va a ser que no, que la mayoría no picarán ya más el anzuelo, sobre todo por una tremenda razón: que no creen en la palabra del presidente del Gobierno, con sus promesas incumplidas, ni en sus explicaciones, ni en las medidas de austeridad y recorte adoptadas, ni en el cercano panorama deslumbrante que andan pintando. Rajoy ha hecho recaer todo el peso de la crisis en las clases sociales más castigadas por la situación, mientras se rescataba al sector financiero y los políticos seguían de rositas su paso triunfal.

Es tarde ya, porque lo sufrido está demasiado reciente como para pensar que pueda olvidarse. Otra cosa es que los partidos emergentes, desunidos, indefinidos ideológicamente y sin programas claros, todos tirando hacia el centro, sepan luego, dentro de unos meses, cómo reaccionar, marcando estrategias definitivas para dar la batalla en las urnas. Porque, pese a los cantos de sirena del PP, los organismos europeos advierten que nada va a ser tan fácil y seguro como se pinta desde el Gobierno, y avisan que puede que haya que seguir la línea del ahorro y del mantenimiento e incluso la subida de impuestos otra vez, y todo a partir de 2016. Hay, pues, datos objetivos que avalan tal posibilidad, que ya empieza a apuntarse, incluso desde fuentes oficiales como ocurre con la financiación de las pensiones.

Y es que las pensiones, cuyo sistema actual todos los partidos admiten que hay que cambiar por insostenible económicamente, pueden ser la clave y la justificación de un nuevo impuesto, un impuestazo, en realidad, con el que cubrir 24.000 millones de euros al año de los presupuestos del Estado. La idea, según se ha adelantado, es que, de entrada, las pensiones de viudedad y orfandad no salgan del fondo social de las cotizaciones, una caja cada vez más vacía, sino de las cuentas generales, que ya sabemos de dónde se nutren mayoritariamente: del esfuerzo del ciudadano que cada vez tiene que trabajar más tiempo para poder contribuir a los gastos. El asunto es de calado, y aunque el PP se refiere a su estudio durante la próxima legislatura, habría de efectuarse con el consenso de los demás grupos políticos. Lo que se une al hecho, ya admitido y advertido de que las pensiones serán sensiblemente menores a las actuales.