Ingeniero Agrónomo

La nueva Ley de Montes, la ley de los "no montes"

La normativa aprobada por Rajoy cambia bosques de pinos por urbanizaciones y hoteles

14.08.2015 | 00:03
La nueva Ley de Montes, la ley de los "no montes"

Algo más de mil hectáreas ardieron el pasado mes de julio en Latedo, más de 8.000 se han quemado estos días en la Sierra de Gata -provincia de Cáceres- y un nuevo incendio iniciado en Orense se ha extendido a la Alta Sanabria. Aunque no ha terminado el verano, el primer balance es obvio: un año negro para nuestros bosques. Podríamos consolarnos pensando que los fuegos son habituales de estas fechas, en las que se une el calor extremo -en Zamora, el julio más caluroso desde que se hacen registros- a la sequía del estío? Pero también deberíamos saber, más allá de que a menudo detrás de un fuego hay un interés particular, existe una Ley de Montes que no dejará un solo bosque vivo si llega a aplicarse. Es la ley de los "no montes".

¿Qué esconde la normativa que acaba de aprobar del Gobierno de España? Principalmente, la desprotección de los montes. Uno de los puntos estrella del documento que defiende en solitario el Ejecutivo de Mariano Rajoy radica en la recalificación de los terrenos incendiados. Es decir, que las comunidades autónomas pueden modificar el uso forestal del terreno afectado para darle otro uso al día siguiente del fuego, con los últimos rescoldos humeando. Pongamos un ejemplo, allá donde exista un territorio calcinado pueden proliferar nuevas viviendas, hoteles o complejos de ocio. Donde antes había pinos, ahora nos toparemos con peldaños, escaleras? y ladrillo, mucho ladrillo. Aunque con una diferencia, esta vez la colonización humana estará lejos de las ciudades, junto al hábitat natural de la flora y la fauna, a menudo, espacios envidiables.

La anterior normativa, hoy derogada, solo permitía el cambio de uso de los terrenos afectados pasadas tres décadas. ¿Cuál era la intención? Evitar la tentación humana -que en nuestra provincia conocemos bien- de prender fuego con una mano y calcular qué hacer con las cenizas con la otra.

A nadie se le escapa que la Ley de Montes del Gobierno central favorecerá, sobre todo, a los dueños de los terrenos forestales que están en manos privadas: casi 20 millones de hectáreas frente a los diez millones de titularidad pública. Si estos terrenos acaban devorados por los fuegos -y a fe que con el paso de las décadas el drama de los incendios no va a cesar- caminaremos hacia un país desértico, carente de biodiversidad, con escasez de alimentos y en el que las generaciones futuras solo encontrarán los bosques en enciclopedias y museos. Parece exagerado? pero puede ser así.

Conocerán espacios de la Sierra de la Culebra, del parque natural del Lago de Sanabria o de los Arribes del Duero por las fotos que les mostrarán sus padres y abuelos, como las instantáneas en blanco y negro, desgastadas, que nuestros padres y abuelos nos han mostrado de un Duero límpido en el que los zamoranos se bañaban, en el que no había atisbo de contaminación. ¿Pensaban ellos que aquel oasis se tornaría en lo que hoy es nuestro río? Seguramente, no.

Pero hay más. Otro de los puntos más polémicos de la norma es el nuevo papel de los agentes forestales, impidiéndoles denunciar los delitos medioambientales. Los mismos agentes que han sido responsables de vigilar, investigar y llevar a los tribunales graves delitos pasarán a tener ahora un papel testimonial. La vigilancia de los montes quedará, únicamente, en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que cuenta con una quinta parte de los efectivos existentes.

¿Es esta la ley que protege los montes? ¿Es así como pretendemos luchar contra el evidente cambio climático? Rotundamente, no. Las administraciones deben legislar a favor de la protección de los bosques, favoreciendo la biodiversidad, con un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, llevando a cabo tareas necesarias durante el año para prevenir los incendios o evitar su propagación. No olvidemos que más allá de los medios de extinción, la clave está en la prevención.

Una normativa que proteja el medio natural debe devolver su papel a los agentes forestales, para que puedan seguir ejerciendo la muchas veces incómoda tarea de denunciar las construcciones ilegales, el envenenamiento de especies, la caza furtiva, el expolio arqueológico, los vallados ilegales o los vertidos incontrolados.

La ley de la gente de bien debe pensar en el futuro de las generaciones venideras, para que ellos no conozcan el paraíso que aún queda en la tierra a través de un museo. Es una cuestión de conciencia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine