Bien por Guarido, bien. El alcalde de Zamora ha creado un registro de todos los desplazamientos que efectúe el coche oficial del Ayuntamiento al servicio del Consistorio: regidor y ediles de todos los grupos políticos, en el que figurará el kilometraje, se supone, el servicio efectuado y por quién. Un control que se irá dando a conocer a los zamoranos cada pocos meses, en un acto de transparencia.

Responde así Guarido a la reciente e infundada acusación que se le hizo por la portavoz del PP de haber usado el vehículo oficial municipal tras haber anunciado en campaña que nunca lo haría. Porque nunca lo ha hecho, asegura el alcalde, aunque también avisa que, si es preciso, lo usará para viajes oficiales pues es un servicio más. Por eso crea el registro, para que se sepa quién y para que lo utiliza. Nunca, por otra parte, había prometido que no lo haría. Porque una cosa es el uso y otra el abuso. Lógico es que el alcalde de una ciudad en un desplazamiento de representación vaya en el coche oficial. Del abuso saben mucho los alcaldes anteriores. Y otra cosa más, que Guarido precisa: el conductor es un policía municipal, lo que evita un gasto añadido a las débiles arcas municipales zamoranas, herencia de gestiones anteriores.

Así que es una buena iniciativa la creación de ese registro, algo que a lo mejor podría extenderse a otros aspectos de la Casa de las Panaderas. El grupo del PP vuelve a quedar en evidencia. Lo cierto es que no solo Guarido sino buena parte de los nuevos alcaldes han desechado el uso del vehículo oficial, entre ellos Carmena en Madrid y el regidor de Valencia que acude a su trabajo en bici, como el de Londres, por ejemplo, sin que se les caigan los anillos. Ya hace tiempo que Camerón, en Inglaterra, decidió eliminar todos los automóviles oficiales de uso particular, incluso los de los ministros, y lo mismo hizo Hollande en Francia suprimiendo los coches oficiales de todos los cargos públicos, entendiendo que se trata de gastos personales que han de sufragar los propios interesados. Total igual que en España, vamos.

Porque, aunque eso no lo digan los del grupo del PP, cuando Rajoy llegó a La Moncloa y entre otras muchas promesas incumplidas que la gente no olvida ni va a olvidar en las elecciones, anunció que el Gobierno iba a deshacerse de más del 50 por ciento de los coches oficiales, pero a día de hoy cuenta con 652 automóviles -más que en Estados Unidos- en los que hay que invertir, según los propios presupuestos del Estado que se acaban de presentar, cerca de 40 millones de euros al año. Pero, claro, eso es solo la administración central, porque si se tiene en cuenta, que hay que tenerlo, las 17 autonomías y las administraciones locales, el número de coches para pasear políticos no baja de 5.000, lo que representa un enorme dineral que sale del bolsillo de los españoles, de la gente de a pie.

Lo más curioso es que luego son los políticos -un hombre o una mujer a un coche oficial pegado-, escribía Ansón, parafraseando a Quevedo - los que más tratan de promocionar el transporte público, cuando ellos, lo que ya es el colmo, pues ni siquiera hay razones de seguridad en la mayor parte de los casos, no se apean del coche oficial. En esto, los del cambio están dando una lección a los de siempre.