26 de julio de 2015
26.07.2015
Editorial

La crisis obliga a adecuar los servicios sociales zamoranos

26.07.2015 | 10:09

Al fin los datos macroeconómicos dan un respiro a la provincia de Zamora. El último informe de Caja España, publicado este jueves pasado por LA OPINIÓN-EL CORREO, revela un crecimiento para este año del PIB cercano al 3% y en los primeros meses del año, sobre todo en el sector servicios, la tendencia ha superado la media de recuperación del conjunto de Castilla y León.

El dato negativo, como también ocurre a nivel nacional y en el conjunto de la región, sigue siendo la alta tasa de paro, lo que, inevitablemente, conduce a situaciones de desigualdad que deben corregirse para cerrar la brecha social abierta durante los años de recesión. Hasta que eso suceda habrá que dar respuesta a la bolsa de pobreza creada, muy distinta a la de épocas anteriores. El cierre de empresas y el consiguiente desempleo han deparado a muchas familias habituadas a vivir más o menos cómodamente con sus ingresos situaciones que jamás imaginaron.

La clase media ha sufrido más que ninguna otra los últimos seis años y las personas que acuden ahora a las ONG´s y a los servicios sociales ya no son en exclusiva procedentes de la marginación o de entornos desestructurados. Son familias que vivían de uno o dos sueldos con cierta holgura, ahora atrapadas por las deudas tras haber perdido sus trabajos o cuyas remuneraciones se han visto reducidas de manera drástica, de forma que no pueden hacer frente a cuestiones básicas como el pago puntual de los recibos, incluso la comida y el vestido.

Un colectivo amplio, que forma parte de esas 25.000 personas que en Zamora atienden cada año instituciones como Cáritas o los servicios sociales de los Ayuntamientos. Son los datos conocidos, aunque es probable que la cifra pueda que sea solo parte de una terrible realidad. Algunas de las víctimas de la crisis viven su nueva situación de forma vergonzante, sienten temor a ser estigmatizados y por ello no se informan adecuadamente o no acuden a solicitar unas ayudas que en el caso institucional, hay que dejarlo claro, no son caridad, sino derechos elementales, propios de una sociedad desarrollada como es la española, de ese Estado del Bienestar que, aunque tocado, aún funciona a pesar de los recortes.

Todas estas circunstancias exigen también nuevas políticas de actuación social, con el objetivo de reparar la fractura entre quienes han podido sobrellevar la crisis sin tener que hacer grandes renuncias y quienes atraviesan enormes dificultades en el día a día. Una labor que debiera realizarse de forma que no provoquen estigma alguno. La tremenda dificultad, pues, es conseguir aflorar esas situaciones de necesidad sin provocar sufrimientos adicionales de exposición pública y en particular cuando se trata de colectivos especialmente sensibles como los niños.

Si la gente no acude a los comedores sociales por miedo a la estigmatización, habrá que buscar nuevas fórmulas como las que se están llevando ya a cabo con la organización del reparto de comida, o directamente con la aportación de efectivo para que sean los afectados los que puedan comprar. Una experiencia que tiene ya en marcha Cáritas en Andalucía, a través de bonos, o aquí en Zamora, con la apertura de la tienda de ropa de segunda mano a precios asequibles.

Pero los propios usuarios reconocen que aún así, sufren al tener que aceptar su condición de "nuevo pobre", según los clasifican las frías estadísticas. De manera que no son pocos los que prefieren seguir callando e incrementando su sufrimiento. Debería sopesarse la posibilidad de crear una "red centinela" que detecte de manera discreta esas situaciones. Si en un colegio o en un hospital aparece un niño con síntomas de maltrato, la legislación prevé la puesta en marcha de todo un sistema de protección en el que se implican varias administraciones. ¿Por qué no hacer lo mismo en los casos en que se observan situaciones de malnutrición, o de falta de abrigo en el invierno?

Los maestros, por ejemplo, detectan con rapidez entre sus alumnos cuando algo no marcha como debiera. El maltrato es un acto execrable que debe perseguirse y erradicarse. Pero que un niño esté bien nutrido o no, también condiciona su futuro, porque afecta directamente a sus capacidades para el estudio y, consiguientemente, si no se remedia, derivará en una situación de desigualdad inaceptable en un estado de Derecho.

Las administraciones deberían realizar un esfuerzo de colaboración para paliar las circunstancias de las víctimas de la crisis, y entre ellas, por la cercanía que representa con el administrado, los ayuntamientos resultarían excelentes gestores. No se trata tanto de recursos, que en el caso municipal están fuertemente constreñidos por la escasez de fuentes de financiación y por la asunción de competencias impropias, sino de un esfuerzo de coordinación en aras de la máxima eficacia hasta que la tormenta cese y todas esas familias puedan recuperar con el trabajo la dignidad que les robó la crisis.

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