Pese a su evidente buena voluntad, difícil lo va a tener Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a la mano echada por Ciudadanos, aunque, como en otros casos, ha tenido que firmar un documento aceptando la regeneración democrática impuesta como condición previa por el partido de Albert Rivera y que obliga también al PP a elecciones primarias.

Y lo va a tener tan difícil porque librarse del rebufo impuesto en años previos por los predecesores de su partido empieza a parecer ya, y la cosa no ha hecho más que empezar, como una misión poco menos que imposible. Aunque alguna cosa haya hecho, interesante e importante por cuanto tiene de cambio, como anunciar su firme decisión de cargarse el Consejo Consultivo, tan caro e inútil allí como aquí. Y como reducir ante el ceño fruncido de los parlamentarios regionales, incluidos los de su grupo, los tres meses habituales de vacaciones para dejarlos en uno: agosto.

Pero librarse de todas las rutinas y burocracias internas es otro asunto, y la asamblea madrileña ha empezado a prepararse para el trabajo que hay que presuponer gastando una buena cantidad de dinero público, que le ha valido las primeras críticas. Cifuentes se ha defendido asegurando que las compras efectuadas habían sido aprobadas por las Cortes anteriores pero que aun así se ha conseguido reducir el gasto. Un gasto que ha tenido como destino lo que se puede llamar el kit del diputado, pretendidas herramientas necesarias para el desempeño de las tareas públicas y algo que por lo demás comparten todos los parlamentarios, sean de primera o de segunda división.

Un kit tecnológico, pero con el material más caro y de última generación. Que, al fin y al cabo, pagan los contribuyentes. Para empezar, los iphone-6, con internet móvil, no menos de 700 euros por cabeza. Luego, las tablets, carísimas, a 2.200 euros por unidad, pues se ven complementadas con toda clase de accesorios, aparte del seguro y la ampliación de garantía. Total, 361.479 euros. Pero es obvio que estos dispositivos necesitan de un contrato telefónico para poder funcionar. Así que 300.000 euros más al año. A lo que hay que añadir las percepciones por transporte: 1.500 euros anuales para taxis, con un costo de 193.000 euros. Aparte del sueldo, naturalmente.

Pese al enorme desembolso y las críticas todos los grupos han aceptado encantados de la vida, los de antes y los de ahora. Aunque, eso sí, cada cual en su papel, con el portavoz de Ciudadanos comentando que mal van a ir las cosas si la gestión de lo público es siempre así. Y los de Podemos, considerándolo un gasto excesivo, y oponiéndose al seguro por estimar que cada cual debe hacerse responsable del material que usa. Ya se sabe lo que pasaba con los parlamentarios nacionales: que perdían el móvil o el Ipad con tan sospechosa facilidad, y reclamaban otro igual, que hubo que tomar medidas al respecto.

Claro que en este sentido solo cabe el recurso de votar a Vox, el partido de derechas que propugna la vuelta al estado central, empezando por deshacerse de los parlamentos regionales.