Cualquier nueva carga impositiva explicada a tiempo tiene mayor encaje entre la población, pero hay quienes aún piensan que el dinero es suyo y no de los contribuyentes. A diferencia de otros países avanzados, en España es muy común escuchar a responsables públicos anunciar la creación de nuevos impuestos o la modificación de algunos ya establecidos sin explicar de manera previa a qué va a ir destinada esa recaudación. Lo estamos viendo estos días en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Y así, lo único que se propicia es la desinformación y, con ello, la incredulidad de las medidas. Porque una cosa son las tasas municipales por la prestación de servicios, caso de las basuras y el alcantarillado, y otra bien distinta la imposición de nuevos tributos por cajeros automáticos o por pasear al perro por la calle, que todo puede suceder. Pero a la vista está que seguimos bajo la sombra de una especie de partitocracia, donde lo que menos parece importar es la traslación al ciudadano de las razones que amparan un incremento impositivo y el destino finalista del consiguiente montante. Bueno es recordar que no solo sobre el Estado y las comunidades autónomas recae el peso impositivo, porque los ayuntamientos son también una parte sustancial de esa maquinaria fiscal. De ahí el creciente reclamo por parte de los administrados para disponer de una información clara y concisa del uso concreto de sus impuestos. Resultaría saludable y regenerador de la vida pública ese esfuerzo de transparencia, precisamente para que los contribuyentes entiendan e, incluso, algunos compartan, los motivos objetivos de una variación al alza.

Si la carga impositiva municipal es legítima, como así lo es, tampoco los ayuntamientos deben ponerse de perfil frente a los graves problemas de desempleo o ante la preocupante falta de inversión en I+D+i en sus ciudades. Más bien al contrario, tienen la obligación moral y material de contribuir a esa noble tarea, relegando sin duda los proyectos oníricos y personalistas.