Vivimos con renovada esperanza una nueva etapa de la normalidad democrática de España con la formación de las nuevas corporaciones municipales, de las que nos sentimos concernidos.

Y es que cuando los ciudadanos en elecciones ejercemos nuestro derecho a decidir, metemos una papeleta en la urna. Y lo que estamos haciendo es transferir parte de nuestra soberanía personal a una formación política, para que durante un tiempo administre nuestra voluntad según el contrato, expresado en el voto, entre los ciudadanos y la formación política con la que hemos firmado un programa del cual responde el partido al que dimos la confianza. Es de agradecer que durante el tiempo que dura ese contrato los ciudadanos reciban información para así conocer, cuando termine el mandato y compromiso, cómo fue administrada su voluntad y confianza. A quien hay que exigir responsabilidades es al partido que responde por los candidatos. Naturalmente también a las personas que han asumido voluntariamente esa responsabilidad de representarnos y defender los derechos e intereses de los ciudadanos en esa formación política con el programa correspondiente, respetando las reglas de juego.

Queda claro que nadie puede arrogarse el poder y propiedad de los votos que son de los ciudadanos. Por lo tanto manifestaciones de que nos han quitado (robado) los votos, demuestran una actitud nada democrática y cercana al totalitarismo o aspiraciones de partido único. Así pues, quedamos en que los votos son una parte intransferible con la que los ciudadanos forman la voluntad popular. Por cierto, tan democrático es apoyar la gestión, como compartirla. Antes de las elecciones y en la campaña electoral los candidatos están inquiridos por los medios de comunicación a que expresen con quiénes llegarán a pactos o acuerdos para formar gobierno, si no han tenido la mayoría suficiente. Y es una respuesta complicada y comprometida al no conocer los resultados y al correr el riesgo de favorecer indirectamente, sin desearlo, a otras formaciones políticas.

Y sin embargo es lógico que después de unas elecciones las formaciones políticas y los electos mantengan conversaciones con el propósito de crear mayorías suficientes para conseguir con lealtad gobiernos estables, para una administración razonable de los intereses de todos los ciudadanos, con independencia de la orientación de su voto. La gestión de las administraciones requiere criterios técnicos presupuestarios y prioridades, pero también y sobre todo políticos. Es decir, llega el momento del compromiso y de los pactos.

De ahí la necesidad de que los acuerdos se realicen con formaciones lo más afines posible, poniendo sobre la mesa los distintos programas para llegar a un compromiso común a poder ser, de legislatura. En definitiva lo que han querido los ciudadanos.

El Partido Socialista, siguiendo su centenaria responsabilidad, tiene la obligación y el derecho de llegar a acuerdos que garanticen el funcionamiento democrático de las instituciones. Con objetivos evidentes de administrar con integridad la atención a las personas y las familias más necesitadas, enfrentado radicalmente contra la desigualdad y la injusticia, creando espacios de solidaridad y progreso. Resumiendo, orientar las actuaciones a la consecución del estado de bienestar, que propugna la socialdemocracia.

En definitiva, hay que aceptar democráticamente los resultados electorales que son la voluntad del pueblo soberano, con independencia de si han existido "votos prestados" (una manera de hablar) y en las siguientes elecciones puedan existir otros resultados distintos, ya que no existe un voto cautivo. También hay que aceptar a los que critican los pactos, aunque cuando estas críticas son entre programas afines, no dejan de ser "coces contra el aguijón".

Volviendo a los objetivos finales de las responsabilidades de las administraciones y en el caso de los ayuntamientos, los compromisos deben de ser públicos y "pacta sunt servanda" (los pactos deben ser cumplidos).