Mañana estaré en Madrid «predicando» en el Senado. La Comisión de Entidades Locales, que preside el popular Javier Arenas, me ha invitado para hablar sobre los problemas y los retos de la población en el medio rural de Castilla y León. No soy el único que ha pasado y pasará por la citada Comisión. Antes y después que yo lo harán otros profesores e investigadores, además de técnicos, gestores de programas de desarrollo rural e incluso los consejeros de las distintas comunidades autónomas entre cuyas competencias se incluyen los asuntos relacionados con las políticas demográficas, la ordenación del territorio, etc. Como pueden imaginar, la cita me apasiona, entre otras razones porque tendré la oportunidad histórica de que sus señorías escuchen directamente mis opiniones, cara a cara, sin intermediarios, sobre unos temas tan complejos.

Mi intención es presentar algunos datos básicos de la población de Castilla y León, resaltando sobre todo las disparidades, las diferencias y los contrastes demográficos que existen en el interior de la región, e interpretaré algunos fenómenos demográficos, como la masculinización y el envejecimiento. También resaltaré los retos de la población rural, partiendo de una premisa fundamental: si tratamos de intervenir, directa o indirectamente en el medio rural, no podemos olvidar que nuestros pueblos ya no son lo que eran, que han cambiado su fisonomía y que hoy son casi irreconocible en muchos aspectos. Pero además compartiré con sus señorías algunas ideas o propuestas para la acción, centrándome sobre todo en lo que implican los nuevos escenarios de la ruralidad, cuya viabilidad depende, entre otros factores, de la cohesión territorial, de la cooperación entre instituciones, de las sinergias entre sus distintos grupos sociales y económicos y de la formación de los recursos humanos.

Y ya que tengo la ocasión, hablaré de un asunto que, estoy seguro, levantará ampollas: el sentido o, más bien, el sinsentido de las diputaciones. Mi propuesta, que no es nueva y que vengo defendiendo desde hace más de veinte años, se resume en conseguir un pacto político para gestionar el territorio desde criterios supramunicipales utilizando las figuras de las comarcas, las mancomunidades o los grupos de acción local. La cohesión social y territorial, que debería de ser el objetivo central de las políticas públicas, solo puede alcanzarse si se utiliza una escala geográfica de intervención adecuada. Este planteamiento obligaría a los actores locales a asumir nuevas funciones y responsabilidades. Y en este marco es urgente resolver, de una vez por todas, el futuro de las diputaciones, una administración de difícil encaje en el actual marco de la España de las autonomías. Por tanto, mañana incidiré en este asunto. Que sus señorías oigan la inutilidad de una administración cuyas funciones históricas pueden desempeñar otras administraciones e incluso otras figuras mucho más cercanas a los ciudadanos.