EDITORIAL

Los zamoranos deben saber en qué gastan el dinero público sus parlamentarios

16.11.2014 | 09:50

En medio del aluvión de escándalos asociados a casos de corrupción política en los que se han malversado cientos de millones de euros, algunas cuestiones que afectan igualmente al manejo del dinero público podrían parecer un asunto menor. Tal podría pensarse, por ejemplo, de las retribuciones de los parlamentarios provinciales que ni siquiera aparecen especificadas en el supuesto ejercicio de transparencia realizado por Congreso de Diputados y Senado.

Un parlamentario por Zamora recibe los 3.000 euros de salario asignados, aproximadamente, más un complemento por residir teóricamente en su circunscripción electoral, fuera de Madrid. Dicho complemento supera los 1.800 euros mensuales. El salario medio mensual de un zamorano, al que representan, apenas alcanza los 1.200 euros. Dicha compensación se mantiene incluso en el caso de los denominados "cuneros", algunos con evidencias claras de poseer vivienda propia en Madrid, como es el caso de exministros de uno y otro signo político que en legislaturas pasadas han ostentado el cargo de diputados por la provincia zamorana. Los parlamentarios tienen garantizado un sueldo más que digno en comparación con sus paisanos, un motivo más para que tuvieran especial cuidado en el empleo de los recursos que tienen a su disposición.

Recursos que implican prebendas que se mantienen en tiempos tan poco proclives a los excesos como estos. Al sueldo hay que sumar dietas y el dinero destinado a sufragar los viajes para los que no existe ningún control ni previo ni a posteriori. Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado se toma nota de la fecha y del destino de los viajes, pero se deja al buen criterio de sus señorías que estos se ajusten al reglamento y no se usen de forma indebida para viajes privados. Pero los casos judiciales y los escándalos demuestran que ese buen criterio no siempre existe y, al igual que muchos del resto de los ciudadanos, algunos servidores de la patria demuestran tener un escaso concepto de lo público y menos respeto aún por sus votantes.

En un estado ideal, los políticos solo deberían responder ante sus electores, pues ese es el principal incentivo para que se comporten de manera honrada y se preocupen de mantener su reputación intacta. Pero lo hacen en realidad ante los partidos, a los que deben el puesto. Y los partidos fomentan la lealtad como bien supremo, lo que desmotiva para destapar la corrupción del compañero aún conociéndola.

No se trata de extremar y sobrecargar los procesos de normas, bastaría con no pervertirlas. Pero está claro que fallan los controles, que se echan en falta las necesarias objetividad e imparcialidad que exige la tarea de administrar el patrimonio de todos. Algunos de los políticos, que en público se avienen a establecer esos mecanismos de control que eviten los desmanes más allá del salario oficial, expresan en privado, su desazón y su malestar por lo que entienden como exceso de celo y confiesan sentirse vigilados. Contrariamente a ello y, lejos de lo que traslada oficialmente el Senado, cuestiones cómo adonde viajan sus señorías sí compete directamente a la opinión pública cuando es el conjunto de los ciudadanos el que paga.

Si algún cargo público considera que sus actividades no deben ser cuestionadas, que eche un vistazo a los países más avanzados en democracia y, sobre todo, que eche un vistazo a su propio territorio donde los servicios básicos han sido recortados drásticamente en los últimos años. La democracia no garantiza la honradez en la gestión pública a menos que se dote de instrumentos eficaces de rendición de cuentas y los ciudadanos no pueden ser espectadores indiferentes ante acontecimientos como la larga lista de imputados por casos de corrupción y de afectados por otros escándalos ligados a la actividad política.

La ley de transparencia puede ser un primer paso. Abre nuevas vías para esa participación ciudadana, ahora deficiente. Pero su espíritu debe extenderse a todos los ámbitos de los distintos organismos y administraciones públicas. Solo así se podrán asentar unas bases de auténtica regeneración como demanda la sociedad, también la zamorana.

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