La Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de Castilla y León dice en su artículo 70.- Vigilancia de los Cotos de Caza y Zonas de Caza Controlada. Los cotos de caza y zonas de caza controlada gestionados por sociedades de cazadores deberán contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus titulares o concesionarios, propio o contratado, y cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.
En la última página de la Ley de Caza de Castilla y León aparecen las disposiciones finales. La primera dice: en el plazo de un año desde su entrada en vigor, la Junta desarrollará reglamentariamente esta Ley.
La Ley entró en vigor en octubre de 1996. En la provincia de Zamora hay alrededor de 750 cotos de caza, ya que del listado oficial (con 795 cotos) cierto numero de acotados están anulados. Hay pequeños cotos de 255 hectáreas y enormes cotos de 18.556 hectáreas (Toro).
Intentar que por cada 1.000 hectáreas acotadas exista un guarda de caza a tiempo completo, durante los 365 días del año, sería abocar a la desaparición a la mayor parte de los cotos de la provincia, ya que no podrían soportar el gasto que implicaría. Pero intentar crear alguna forma jurídica para que los guardas de caza fuesen una realidad generalizada en la provincia o en la región, pensando quizás en un guarda por cada 10.000 hectáreas, a tiempo completo o seis meses al año, sería crear empleo en el mundo rural, ahora que los cotos de caza van a ver aliviada su responsabilidad por los accidentes provocados por la caza mayor en las carreteras, ya que los conductores serán casi siempre los responsables.
Este es un yacimiento de empleo no explotado hasta el momento, que puede dar aire a muchos jóvenes de nuestras comarcas rurales para plantearse su residencia en nuestros despoblados pueblos.
La provincia de Zamora tiene 1.055.906 hectáreas de superficie. Si excluimos las Reservas de Caza de la Sierra de la Culebra (67.340 hectáreas) y la de Villafáfila (32.682 hectáreas) que totalizan 100.022 hectáreas y que ya poseen guardería propia nos quedamos con 956.000 hectáreas en números redondos. Considerando que no todo el territorio es coto de caza (hay vedados, cascos urbanos, etc.) podríamos estimar que la superficie acotada en la provincia es en grandes números de alrededor de 900.000 hectáreas. A razón de un guarda por 10.000 hectáreas podríamos crear 90 puestos de trabajo en la provincia de Zamora. Quizás 800 puestos de trabajo en Castilla y León.
Otra posibilidad sería crear una patrulla de guardas por comarca con su vehículo propio, emisoras, prismáticos, etc.
El guarda de caza debe ser una persona juramentada como agente de la autoridad, o agente auxiliar de la autoridad, pero también debe ser una persona dispuesta a poner unas tablillas en los límites de un coto, a ayudar a sacar un venado del monte, etc.
Los escasísimos guardas de cotos de caza existentes en la actualidad se integrarían en esta estructura que se propone.
El Servicio de Medio Ambiente sería la Administración competente para organizar esta figura, una vez exista la legislación adecuada. Los sueldos y gastos varios de estos nuevos guardas los pagarían los cotos de caza, pero a través del Servicio de Medio Ambiente. A la actual tasa de matrícula anual del coto habría que incrementar la parte correspondiente de la nueva guardería, siempre en relación directa con el número de hectáreas del coto.
Podría haber coeficientes correctores en relación a la orografía del coto, ya que no es lo mismo vigilar una zona llana como Tierra de Campos, que vigilar una comarca montañosa como Sanabria.
Sería prudente empezar por metas humildes y a la vista de los resultados ampliar con el tiempo a objetivos más ambiciosos.
Si todo esto se considera interesante, la Ley de Caza de Castilla y León de 1996 está ahí y la ausencia en muchos casos de desarrollo reglamentario también. El consenso entre el partido gobernante y los partidos de la oposición para hacer realidad esta propuesta sería lo mejor para todos los ciudadanos.
La pelota debería estar ahora en las Cortes de Castilla y León para que legislen de forma equilibrada entre las posibilidades económicas de los cotos y la necesaria creación de empleo en el medio rural, dando servicios a los cotos de caza, actividad con futuro en todo nuestro territorio.
