Como se esperaba, la Unión Europea ha declarado ilegal el impuesto del céntimo sanitario que se ha pagado en España al comprar hidrocarburos desde el año 2002 hasta 2013. La sentencia se ha producido como consecuencia de las denuncias de algunos transportistas, el sector más perjudicado, y el fallo contempla la devolución, por parte de las administraciones, de ese dinero, un montante que el mismo Gobierno de la nación calculó en su día, a requerimiento de la UE, en 13.000 millones. Pero esa devolución, como ya ha advertido la OCU, la organización de consumidores y usuarios, es más que difícil a nivel particular, aunque sí parece seguro que las asociaciones profesionales reclamen ante los tribunales, si bien, según han declarado, tampoco esperan recuperar apenas si una pequeña parte de lo ilegalmente pagado al adquirir el combustible necesario para su trabajo.
El ministro de las recaudaciones, Montoro, se ha defendido asegurando que contaban con la autorización europea, lo que se ha desmentido de inmediato desde Bruselas. Pero, naturalmente, esto es España y aquí no dimite nadie a no ser que le obliguen. Además tiene las espaldas bien cubiertas, pues ya el año pasado cuando trascendió el asunto y se supo que se iba a declarar ilegal el céntimo sanitario, que como se ha dicho, ni era céntimo ni era sanitario, metió el ilegal tributo dentro del capítulo general de los hidrocarburos con lo que el impuesto pasaba a discurrir por vía legal. Así que no cabe esperar que, como desde distintos lados se ha reclamado, vaya a bajar la gasolina ni ningún tipo de gasóleo. Rosa Díez, de UPyD, había exigido al Gobierno que con la misma celeridad y urgencia con que aplicó el fallo del tribunal de Estrasburgo excarcelando a terroristas, asesinos y violadores, aplicase ahora la bajada compensatoria de los precios de los carburantes. Una buena petición.
Pero va a ser que no, naturalmente. Ni se va a devolver un euro ni va a bajar la gasolina. La OCU ha sido muy clara en sus acusaciones: era una muestra más del afán recaudatorio del Gobierno y de los gobiernillos autónomos que ni siquiera ha servido para mejorar la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que este impuesto entró en vigor cuando Aznar pasó las competencias en esta materia a las comunidades, casi todas las cuales se apuntaron al cobro, entre ellas, aunque no fuese de las primera sino de las últimas, la de Castilla y León que, eso sí, pasó a ser una de las más caras pues la tasa era de cinco céntimos por litro. Y ya vemos cómo está ahora la sanidad en la región, con una reestructuración innecesaria que afecta a 663 pueblos con casi 200 médicos menos, lo que tiene indignados a los pacientes y a los profesionales y que ha mermado considerablemente la calidad asistencial y no solo en los núcleos rurales sino en las mismas capitales, pese a las incorporaciones de personal efectuadas. La Junta se excusa en razones de ahorro, racionalización del servicio y demás. Lo que parece evidenciar que el céntimo sanitario se empleaba en cualquier cosa menos en sanidad. Todo ello es un palo más para los españoles, que ya saben ahora que han pagado durante diez años un impuesto ilegal.
