El Gobierno de Mariano Rajoy ha tocado la piel sensible de la Administración más cercana al ciudadano: los ayuntamientos. La aprobación en los próximos días de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como «Ley Montoro», ha provocado que numerosos municipios de España hayan emprendido una campaña contra la citada ley. El enojo se resume y condensa en la pancarta «Este pueblo no se vende», que puede verse a la entrada de numerosas localidades de este país. Cuando estamos acostumbrados a pensar que en los pueblos casi nunca pasa nada y que sus habitantes son sumisos y aceptan de buen grado todo lo que les echen, resulta que nos encontramos con un movimiento ciudadano que está cuestionando y poniendo en jaque otra de las iniciativas legislativas del Gobierno del Partido Popular: la reforma de la Administración local. ¿Qué ha sucedido para que muchos pueblos se subleven?
Los promotores de la protesta insisten en que con la futura ley se mantiene la desamortización indiscriminada de las corporaciones locales y la enajenación de sus competencias; se da la puntilla a la independencia y a la capacidad de decisión local sobre cómo atender de manera más óptima a los habitantes del medio rural; se confirma la centralización de los servicios básicos en diputaciones y comunidades autónomas, y se apuntala la privatización, el mercadeo y la especulación con las necesidades de los ciudadanos del medio rural. Ante la centralización de las administraciones locales en esos centros de poder, el panorama de inversiones en el medio rural se presenta desértico. Además, la ley deprime más las perspectivas de futuro del medio rural, al señalar a los pueblos como culpables latentes de males que no han causado, y supone un nuevo intento de desprestigio de los cargos públicos (por cierto, la mayoría no cobra ni un euro) con argumentos populistas inciertos que no solucionan ni un solo problema de los ciudadanos de los pueblos.
Me consta que los impulsores de «Este pueblo no se vende» están satisfechos con el seguimiento y el interés social que ha suscitado la iniciativa. Los medios de comunicación -prensa escrita y digital, cadenas de televisión y radio- se han hecho eco de su existencia y han informado del modo de canalizar el disgusto y la indignación. Incluso muchos alcaldes y concejales del Partido Popular han colocado la pancarta en sus localidades y algunos no lo harán porque temen ser reprendidos por sus jefes comarcales o provinciales. La campaña, sin embargo, está siendo ilusionante y ha logrado varios objetivos: lograr alzar la voz de numerosos pueblos cuando otros quieren callarlos y mostrar con claridad que muchos ciudadanos están dispuestos a defender sus lugares de residencia ante cualquier otro interés. Por eso, estas personas merecen mi reconocimiento, pues están demostrando que no hay que quedarse sentados ante la desamortización de los pequeños ayuntamientos, ante el peligro de que estos pueblos se queden sin la menor atención médica o ante el uso mercantil, el encarecimiento y la pérdida de calidad de los servicios básicos.
