Dice la Constitución Española, en su artículo 35, que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Lamentablemente, esto tan bien redactado en su momento dista hoy bastante de la realidad. Día a día comprobamos por televisión, radio, prensa, Internet, cómo se atenta contra este derecho que llaman básico, si es que no nos afecta ya directamente.
Por todos lados se oyen voces disconformes con la situación actual. Y es que desde el Gobierno se están poniendo en práctica medidas que no parecen convencer demasiado. Es probable que nos hayamos preguntado más de una vez algo así: por qué yo, persona corriente, veo claro lo que habría que hacer para empezar a salir de este agujero, y quienes nos gobiernan van por caminos tan distintos. Pertenezco a un grupo de quince personas, nos conocimos haciendo un curso para desempleados, y nos hemos hecho esa misma pregunta infinidad de veces. Aquí están nuestras propuestas, para quien quiera escucharlas.
Todos sabemos del problema que supone la economía sumergida. Se puede pensar que existe por puro interés, para engañar al sistema y beneficiarse de algún modo, pero no siempre es así. Muchas veces son las mismas circunstancias del país las que llevan a ello. Hay determinados aspectos que favorecen su existencia, y eso es lo que creemos debería cambiar. Por ejemplo, los elevados impuestos y las cuotas a la Seguridad Social; si se redujesen, se incentivaría la legalidad y la contratación. También habría que aumentar las inspecciones de Trabajo y Hacienda, endurecer las sanciones para que fueran realmente efectivas.
Otra posible solución sería legalizar la prostitución y las drogas blandas; sabemos que es este un punto conflictivo, pero se acabaría con la explotación y las mafias, y habría un mayor control. Adoptando estas medidas, muchas de esas personas que hoy no pagan ni impuestos ni a la Seguridad Social, se sumarían a los contribuyentes.
Pero de poco sirve el aumento de las arcas públicas sin una buena gestión. Habría que examinar (y en su caso, disminuir e incluso retirar) las subvenciones a determinadas asociaciones, partidos políticos, sindicatos, Iglesia... Y debería haber un sistema de control público sobre las decisiones políticas relativas a inversiones, descartándose los proyectos poco rentables o innecesarios (todos tenemos en mente casos como los del aeropuerto de Castellón o la Ciudad de las Artes de Valencia). ¿Por qué no se invierte más en energías renovables, siendo como somos un país rico en tales recursos? ¿Y en I+D+i? Muchos se ven obligados a marchar fuera para poder desarrollar sus proyectos, por falta de apoyo aquí. Es decir, el Estado invierte dinero en su educación, y cuando se le puede empezar a sacar rentabilidad (en forma de patentes, por ejemplo), resulta que dejan que otros países se lleven los beneficios. Cuánto ganaríamos si se modificase el modelo productivo, basándolo en el conocimiento y no en el ladrillo, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Algo que también repercutiría positivamente en la generación de empleo sería agilizar los trámites burocráticos para la creación de empresas. Deberían bajarse los impuestos, limitando las deducciones a grandes empresas, aumentar el tipo impositivo a las sicav y favorecer más a las pymes.
Establecer un órgano público independiente para analizar la viabilidad de proyectos empresariales y poder participar directa o indirectamente en su financiación, mediante la creación de una banca pública. Podría destinarse parte de la recaudación por fraude fiscal a este fin. Fomentar las empresas de economía social, especialmente las creadas por desempleados y las relacionadas con actividades agroalimentarias y energías renovables, recursos que deberían explotarse más.
Respecto a la gestión de empleo, creemos que se debería modificar la organización de los servicios públicos para que verdaderamente sirvan de agencias de colocación. Aumentar el salario mínimo interprofesional a nivel medio europeo y disminuir las jornadas de trabajo, aunque haya quien piense lo contrario, repercutiría en beneficio de las empresas. Sabiéndose valorados y bien remunerados, los trabajadores rendirían más pese a esa reducción de jornada, lo que además generaría más puestos de trabajo. Y aumentando así el poder adquisitivo y el tiempo de ocio, podría incentivarse el consumo y volver a poner en marcha el país.
Pero creemos que España necesita una reforma más profunda, que afectaría ya al entramado institucional. Con ello se buscaría evitar los abusos por parte de la clase política y que la voz de los ciudadanos tenga más peso a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos. Habría que empezar por reformar la estructura orgánica de la administración, reduciendo el número de altos cargos y acabando con las duplicidades. Eliminar las pensiones vitalicias y los asesores externos elegidos a dedo, deben ser verdaderos expertos quienes ocupen esos puestos. Separación real de poderes e imparcialidad. Y para que se tenga más en cuenta la voz del pueblo, debería llevarse a cabo una reforma constitucional que afectaría al Título III, Sobre el Gobierno y Cortes Generales, creando una democracia asamblearia. También se garantizaría la participación ciudadana implantando la circunscripción única.
Sí, pero hay mucha más gente que piensa del mismo modo, que otros caminos son posibles. Lo que más nos exaspera es que no hacen sino recibir mandatos de la Unión Europea, y a nosotros, los que vivimos aquí, ni nos escuchan. ¿Será que tanto viaje a Bruselas y Alemania les hizo perder perspectiva del país que gobiernan? ¿Qué podemos hacer para recordárselo?
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