La vida política se ha convertido en algo parecido al juego de la oca. La jugada principal es la que reza: de escándalo en escándalo. Y de escándalo es lo que tratan de hacer pasar desapercibido los partidos mayoritarios y algunos de los otros que no lo son. Nos hablan, desde los distintos gobiernos, del ejercicio de transparencia que se realiza para que los ciudadanos conozcamos la situación de nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Son datos que los propios parlamentarios elegidos aportan en sus declaraciones patrimoniales. El resultado viene a poner de manifiesto que junto a los golfos y depredadores públicos ya descubiertos, hay que sumar otros sesenta y cuatro, con nombres y apellidos.
Aquellos parlamentarios que residen fuera de Madrid, al parecer tienen derecho a una indemnización mensual de más de 1.800 euros. Pues bien, sesenta y cuatro de esos parlamentarios cobran teniendo como tienen piso, apartamento, ático, adosado o lo que sea en la capital del Reino. Y si todavía sé multiplicar, esa cantidad de euros por 64 sinvergüenzas, da como resultado la nada despreciable suma de 115.200 euros mensuales; por doce meses que tiene el año el gasto anual se eleva a 1.382.400 euros. Son personas que tienen de una, el que menos, a once viviendas en Madrid, el que más. El fraude afecta a 20 parlamentarios del Psoe, 41 del PP, 1 de Coalición Canaria y 1 de CiU. Y mientras ellos y ellas, padres y madres de la patria saqueada, se lo meten calentito en la cartera, a los jubilados patrios solo se les puede subir el 1% y 2%, siempre que cobren menos de 1.000 euros, porque no hay dinero.
Es muy difícil tragar con las explicaciones que nos dan. Es muy difícil creer que el Estado español no tiene dinero viendo el despilfarro de los miembros pertenecientes a la autoexcluyente clase política. Se les debería caer la cara de vergüenza. Pero, descuide usted, que no se les cae. Ellos van a gusto en la burra y como decía el otro, «ande yo caliente y ríase la gente». Espero que los últimos en reír seamos algún día los ciudadanos, los pensionistas, los parados, los funcionarios públicos (auxiliares administrativos), los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, los desahuciados y todos cuantos han visto recortados sus derechos creyendo a pies juntillas que de verdad no hay dinero. ¡Y un cuerno!
Esta información no es nueva. Quizá por eso debiera haber hecho reflexionar a sus señorías, haber dado un paso adelante y renunciar a la indemnización por vivienda. No se conoce ni un solo caso. Ni el ministro del PP Cristóbal Montoro que cuenta con tres viviendas en Madrid, ni el diputado del Psoe por Zamora, Antonio Camacho Vizcaíno, que cuenta con dos, ni el popular José Luis Ayllón que cuenta con uno que además tiene plaza de garaje, ni el socialista Jesús Caldera que cuenta con una vivienda, ni la popular Pilar Barreiro que cuenta con once, ni Eduardo Madina Muñoz del Psoe que cuenta con una y así sucesivamente, Fátima Báñez, Ana Pastor Luján, Eugenio Nasarre, Ramón Jáuregui y demás compañeros y compañeras de escaño con vivienda en Madrid. A lo mejor es que las tienen alquiladas y por eso. ¡Menuda tajada entonces! Para más inri, los 1.800 euros están exentos del pago de cualquier impuesto.
